APRO.- Habitantes de San Pedro Cuaco, comunidad indígena, perteneciente al municipio de Atlixco, se manifestaron en las oficinas de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos del Estado para pedir que se ponga un alto a autoridades civiles y eclesiásticas que, acusan, desde hace casi siete años promueven acciones que buscan desmantelar el sistema de cargos de fiscales y mayordomos que esta comunidad nahua ha mantenido vigente por siglos.
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En octubre de 2022, los pobladores presentaron una denuncia formal en contra del presidente auxiliar de esa localidad, Gabriel Silva, por presuntamente tratar de imponer “en forma ilegal e ilegítima” a nuevos fiscales eclesiásticos, con lo cual habría violado el artículo 130 de la Constitución política del país, que obliga a los funcionarios públicos a no intervenir en asuntos religiosos.
En camiones que ellos costearon, este lunes los pobladores de San Pedro Cuaco se trasladaron a Puebla para exigir que se aplique la ley contra las autoridades civiles que han participado en el intento de desconocer a los fiscales que la asamblea eligió y tratan de imponer a otros que podrían ceder al interés de la Arquidiócesis de Puebla.
“Lo que estamos defendiendo es nuestro patrimonio, es lo que somos, es nuestra historia. Jóvenes, adultos y ancianos desde años ancestrales hemos venido caminando junto a nuestras tradiciones y en este momento están siendo violados nuestros derechos, nos está fracturando como comunidad”, expresó Josefina, una de las manifestantes.
“Si el gobierno federal está tratando de resaltar la historia de los pueblos indígenas, ¿por qué hay otros que vienen a querérnosla quitar? ¿Qué interés hay en eso? Es lo que nosotros nos preguntamos”, agregó.
Indicó que los pobladores de San Pedro Cuaco están decididos a acudir ante las autoridades estatales y federales que sean necesarias para defender su derecho a mantener su sistema de cargos que los distingue como comunidad indígena.
Desde mediados de 2016, esta comunidad se ha mantenido en resistencia en contra de las autoridades de la iglesia católica que ordenaron la desaparición de la parroquia y pidieron a los fiscales, representantes laicos que son electos por usos y costumbres, que entregaran las llaves del templo y el archivo que ha estado a cargo de esa comunidad desde la época colonial.