En la zona metropolitana de Puebla, al menos 300 taxis “pirata” prestan el servicio ejecutivo a la comunidad en diferentes zonas y en distintos horarios, sin importar que existe un decreto y una Ley de Movilidad de los prohíbe.
Si bien, en febrero del 2022, el Gobierno publicó en el Periódico Oficial del Estado un decreto para la realización de operativos de supervisión, vigilancia y revisión, los inspectores de la Secretaría de Movilidad y Transporte se hacen de la vista “gorda”.
Es más, en respuesta a esta problemática, personal de la dependencia estatal reconoce que son mínimos los operativos que se han realizado.
En entrevista para Vía.Tres, el director de Corresponsabilidad en el Transporte, Arturo Balderas Moyano, refirió que el problema de estas unidades de transporte radica en la falta de actuación de parte de las autoridades, pues refirió que las leyes están, pero no se cumplen.
"El nuevo reglamento de transporte dice en el artículo 12 que se dan facultades a las direcciones de tránsito para revisar estos temas, y no es que no los tuvieran, sino que ahora ya es muy explícito lo que se les dice que pueden hacer", mencionó.
Aunado a esto consideró que la policía es auxiliar del ministerio público, por lo que están obligados a que se aplique la Ley, y consideró que tiene que darse una mejor coordinación y que a esto se sumen autoridades de vialidad, pues comentó que existe una falta de disponibilidad para acatar la Ley.
Es en la zona del Periférico Ecológico, donde estas unidades de transporte tienen mayor presencia, y siguen la ruta del Periférico hacia la caseta de Atlixco, el Centro de Reinserción Social de San Miguel, al Outlet e incluso la carretera federal a Tehuacán.
Aunque estas unidades de transporte no están reguladas, resultan necesarias para algunas personas que tienen la necesidad de trasladarse de un punto a otro, ya que es difícil encontrar una ruta de transporte que abarque los puntos referidos.
Ariana González, quien es usuaria frecuente, dice no importarle si es ilegal el servicio, pues le resulta más barato y rápido para llegar a su lugar de trabajo.
Ella viaja de San Francisco Totimehuacan hacia Lomas de Angelópolis, por lo que a diario usa estas unidades para trasladarse pues no tiene una ruta del transporte público que la lleve a su destino; contó que el viaje le cuesta 25 pesos, y en caso de transbordar se llevaría más tiempo.
“Todos sabemos que debajo del puente del Periférico y el bulevar Valsequillo es donde se estacionan los taxistas, la verdad si es a veces complicado pues no sabes con quién subes, pero con el tiempo ya conoces a los choferes, además viajamos por lo menos cinco personas… Si no encontramos transporte cómo quieren que le hagamos”, mencionó.
De acuerdo con la Ley de Transporte que se aprobó el año pasado por la LXI Legislatura, este tipo de unidades están prohibidas debido a que no cumplen con un registro ante la Secretaría de Movilidad y Transporte; además de que representan un riesgo para la población por no tener certeza de quienes son los conductores.
Entre las sanciones que se previeron para los irregulares está la retención de la licencia a los conductores o retirarles los vehículos para garantizar que no se cometan más infracciones; además de que en caso de ser vehículos de transporte ejecutivo se les podría retirar la concesión o permiso de transporte.
Las multas que se manejan en la Ley actual son de 459 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), lo que se traduce en sanciones de hasta 40 mil pesos.