Hasta hace tres años, las mujeres víctimas de violencia en Puebla recibían protección de las autoridades estatales, para lo cual eran ingresadas a refugios temporales; pero debido a que el Gobierno de México retrasó la asignación de recursos a dichos lugares, ahora son atendidas a domicilio.
Te podría interesar
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, comentó que a raíz de esta situación, se puso en marcha el programa denominado 24/7, que con recursos propios y con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), opera 24 horas los siete días de la semana.
Los reportes de mujeres víctimas de violencia que se reciben al número de emergencias 911 se canalizan a la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM), que depende del Tribunal de Justicia.
Personal de la UDAIM acude como primer respondiente, valoran el entorno de la víctima y notifican de manera electrónica al juez; posteriormente, en una segunda valoración se decreta la medida o medidas de protección según sea el caso.
Ante la ausencia de refugios, las mujeres que corren peligro son protegidas y enviadas con la familia que ellas señalen y deseen quedarse, de esta manera se busca impedir la comisión de feminicidios en la entidad.
Sánchez Sánchez comentó que, en los últimos tres años, el TSJ ha atendido 773 alertas de mujeres víctimas de violencia y de estás en 758 han decretado medidas de protección.
El Programa de Apoyo a Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género del Gobierno Federal, financiaba con al menos 600 mil pesos al año al Centro de Justicia para las Mujeres de Puebla, así como a Centros de Protección a Víctimas del Delito del interior del estado y otros refugios que operados por Organizaciones No Gubernamentales.
Algunos operan con recursos propios y otros han dejado de prestar servicio ante la falta de financiamiento.
Al respecto, la responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana, Ana Gamboa, consideró como un grave “error” que este tipo de refugios no reciban el apoyo económico cuando la pandemia por el Covid-19 detonó un incremento del 12% en la violencia contra las mujeres en la entidad poblana.
“La violencia contra las mujeres aumentó en estos últimos años y ni qué decir de la violación”, dijo.
Jessica tiene tres hijos y durante varios años vivió bajo el yugo de su esposo; destacó que un día tuvo que pedir apoyo al 911 para evitar que continuará golpeándola.
Tras la llamada de auxilio refirió que elementos de la policía estatal acudieron a apoyarla, incluso la protección la tuvo en su propia casa.
"Un par de días tuve vigilancia para evitar que mi marido regresara a mi domicilio, de donde salió mi pareja al saber que lo denuncié", precisó Jessica.
Actualmente sigue con la medida de protección, que consiste en vigilancia de la autoridad policiaca y en espera de que la Fiscalía General del Estado (FGE) avance con la denuncia que presentó por violencia.