La Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), a través de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, concluyó con la instrucción del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, de demoler 104 cuartos o locales que fueron construidos ilegalmente en el pasado al interior del penal de San Miguel, ubicado en la capital poblana.
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En dichos espacios había “privados” para encuentros íntimos, restaurantes, farmacias, tiendas de abarrotes, locales de venta de ropa y zapatos, baños, ferretería e incluso corte de cabello, así como dos quioscos y dos gimnasios.
De acuerdo con el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, el "pueblito" era un lugar de privilegios destinado a la corrupción, prostitución y venta de drogas al interior del penal.
Para quienes permitieron su operación en administraciones pasadas, los 104 cuartos generaron ganancias estimadas en al menos 3 millones de pesos semanales.
La actual administración de la SSP comenzó con la destrucción de estos espacios con maquinaria especializada; durante todo el proceso que concluyó este 13 de julio, las actividades fueron registradas por una notaría pública que dio fe de las actividades.
Cabe recordar que en días pasados, el mandatario estatal reveló que sus exsecretarios de Seguridad Pública, Miguel Amézaga, Raciel López y Rogelio López Maya lo engañaron, pues a pesar de haber dado la instrucción de que se desmantelara dicha construcción, no lo hicieron.
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