A pesar de que la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) inició desde 2020 la difusión del Protocolo para Prevenir y Atender Violencia en Escuelas, no funcionó en el caso de Aldo Clavel, el estudiante que se suicidó hace unos días tras experimentar hostigamiento, humillaciones e incluso violencia psicológica; hasta en cuatro ocasiones se dio aviso al director del Bachillerato Octavio Paz Lozano y el caso se ignoró.
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El pasado 17 de junio el joven decidió quitarse la vida, tras una serie de vejaciones que sufrió en el plantel ubicado en el municipio de Cuautlancingo, en Puebla.
Según los detalles contados por los padres del joven, la maestra de Matemáticas y Cálculo Integral, de nombre Hada, empezó a hostigarlo después de que la acusara en la dirección de acoso escolar.
El estudiante le pidió a su mamá que hablara con el director del Bachillerato José Luis Olguín y así lo hizo; sin embargo, éste minimizó el caso.
De acuerdo con documentos de la SEP, el protocolo vigente pretende dar atención y sancionar hechos de hostigamiento sexual, abuso sexual, discriminación, acoso, maltrato y violencia en contra de cualquier persona que tenga relación con las instituciones educativas.
En dicho documento se establecieron 45 acciones agrupadas en 17 medidas de prevención, 17 de seguridad y 11 de justicia; pero en este caso no se aplicó ninguna.
Al respecto, la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, Aurora González Tejeda, lamentó el hecho e indicó que el suicidio de este alumno no es un caso fortuito, pues aseguró que tienen reportes de varios casos que se han presentado en toda la República Mexicana.
Consideró que estas acciones no pueden proliferar, pues tiene que darse un trato de respeto y diálogo entre los alumnos y docentes, ya que la falta de convivencia que dejó el confinamiento por el Covid-19 ha provocado tensión entre ambas partes.
Sin abundar en cifras, destacó que se han registrado casos en los que docentes han incurrido en tratos despectivos e incluso en acoso a los estudiantes, situación que se ha reflejado en conductas "impensables" de los alumnos.
"Queremos atención psicológica para los estudiantes, pero también que exista un trato digno para ambas partes... Son instituciones educativas y no pueden ocurrir estos actos", dijo.
La mayor parte de las acusaciones registradas en Puebla contra los docentes de educación básica tienen que ver con inconformidades de los padres de familia, por la atención que dan los docentes o por temas educativos.
Los maestros que son acusados de alguna incidencia, o de irregularidades de parte de los alumnos, son acompañados por el área jurídica del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), siempre y cuando no se trate de temas relacionados con abuso o acoso sexual.
"El SNTE como tal tiene que dar acompañamiento a los docentes. Apoyamos a través del área jurídica para que se haga el procedimiento y con base en ello determinar si el docente tuvo o no responsabilidad", comentó una fuente cercana al SNTE 51.
Aunque no dio datos sobre el número de casos, toda vez que los maneja la SEP, aseguró que llegan tanto de esta sección sindical como de la 23.
"Las acusaciones relacionadas a acoso o abuso sexual no las contemplamos porque, como nuestro dirigente lo ha dicho, se tiene que investigar y llegar a las últimas consecuencias; además de que es un tema relacionado con instancias jurídicas donde entra directamente la Fiscalía General del Estado (FGE)", refirió.
Asimismo, comentó que por temas menores los maestros suelen recibir notas administrativas en caso de comprobarse su omisión o responsabilidad; sin embargo, cuando son acusados de abuso y acoso, tiene que ser separados de la institución donde laboran.
Ante esta situación, la SEP separó del cargo a la maestra y al director del bachillerato, en tanto se investiga este deceso.
Al solicitar información a la secretaría sobre la aplicación del protocolo y saber sobre la estadística de casos similares en el estado, este medio no recibió respuesta hasta el cierre de la edición.