Cumplir la propuesta del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, de regular y tabular el pago de honorarios de los abogados para evitar abusos será “complicado”, en virtud de que cada caso es diferente y lleva un proceso distinto que se puede resolver en semanas, meses o hasta años; además de que tendría que ser integral para beneficio de los usuarios.
Así lo refirió Francisco Vázquez, titular del Despacho de Abogados Vázquez, quien consideró que la iniciativa de ley debe ser integral, porque cada asunto se debe atender de acuerdo con las características propias; es decir, no en todos los casos se promueven los mismos recursos, ni tampoco se lleva el mismo tiempo.
“Si se promueven recursos, sobre todo en el tema de lo familiar, si se promueven denuncias o amparos sería complicado fijar el tiempo de duración o resolución que el Juez dictará”; por lo tanto consideró que es importante que esta regulación contemple el acuerdo entre el abogado y el cliente.
“Si sumamos abogados, peritos y todo lo que se contempla en un juicio, es complicado tasarlo, pues cada asunto es especial”, agregó.
Por su parte, el especialista en derecho penal Alberto Zenteno Meza, dijo que la intención es “buena” y sería inconstitucional sólo en el caso de que la ley fuera “obligatoria”.
“En el caso de que fuera obligatoria por violar la autonomía, la libertad del trabajo, la voluntad y la libertad de pactar los honorarios sería inconstitucional, pero por ahora se habla de un parámetro para saber hasta cuánto se podría cobrar”, apuntó.
Comentó que era necesaria la actualización de aranceles para la abogacía toda vez que la ley existente data de 1934.
Dentro del paquete de iniciativas que envió el gobernador al Congreso del Estado, los diputados dieron cuenta de ésta que busca evitar los abusos que cometen abogados en materia civil, mercantil, familiar y laboral; se argumenta que en muchas ocasiones están relacionados con los excesos de las notarías.
“Ley de Aranceles para el Cobro de Honorarios de los Abogados o Licenciados en Derecho del Estado de Puebla”, es el nombre de la iniciativa que estipula que por cada escrito de cualquier índole se cobrará la cantidad de entre 481 pesos a mil 924 pesos; mientras que por el desahogo de pruebas de todo tipo se cobrará la cantidad de hasta nueve mil 622 pesos.
En cuanto al Sistema Mixto o Tradicional y lo que conlleva lo Procesal Penal Acusatorio el cobro sería de entre seis mil 735 pesos hasta 16 mil 357 pesos y para la defensa de un juicio en materia civil, penal o laboral se establece una tarifa que no puede exceder a los 240 mil 550 pesos.
Una de las previsiones de la iniciativa es que si el abogado muere serán los representantes o herederos quienes hagan el cobro correspondiente del adeudo que se tenga.
Esta iniciativa se encuentra en análisis por parte de diferentes comisiones del Poder Legislativo y se espera que en breve sea analizada por el pleno para su posible aprobación.