Un grupo de personas que manipula los registros de agua potable, rompe tuberías, conecta mangueras, llena pipas o tinacos y posteriormente vende el vital líquido en las colonias con mayor desabasto opera en Puebla bajo el mismo modus operandi de los “huachicoleros”.
Aunque hay poca información referente a las bandas que “huachicolean” el agua, el estado se ubica en la sexta posición a nivel nacional con los mayores índices de robo.
Lo anterior se puede cuantificar gracias a un concepto llamado “eficiencia física”, un indicador que mide la proporción de agua que llega a los usuarios finales registrados por el organismo operador de agua; es decir, cuando no se llega al 100% hay mayores posibilidades de que existan tomas clandestinas de agua.
De acuerdo con el estudio “Corrupción en el sector agua ¿Quién es responsable de la crisis?”, publicado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, la eficiencia física en el estado es del 50%, lo que significa que solo la mitad del agua que tratan los organismos operadores llega a los usuarios finales; en tanto, el otro 50% es probable que se quede en manos de los famosos “huachicoleros del agua”.
Además de Puebla, los estados que registraron una menor eficiencia física del agua fueron Yucatán, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Aguascalientes. Por el contrario, los estados con la mayor eficiencia fueron Baja California, Michoacán y Oaxaca.
“Existe un problema de conexión ilegal a las redes municipales de agua potable en todos los estados de la República. La baja capacidad de inspección del gobierno, la poca transparencia, las penas bajas, la ineficiencia administrativa y el uso recurrente de mecanismos para legalizar los pozos y conexiones clandestinas provocan que el líquido sea explotado al margen de la ley”, sostiene el estudio.
Sobre el tema, Gabriela Pérez Castresana, investigadora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga SJ, de la Universidad Iberoamericana, manifestó que en Puebla existe poca regulación sobre el control del agua; pues hay registro de mil pipas de agua particulares cuyo uso final se desconoce.
La especialista sostuvo que el problema se radicaliza cuando se habla de que sólo el 12% de los municipios en la entidad tienen un organismo operador que se hace cargo del suministro de agua, lo que deriva en que se otorgue el servicio a los Comités de Agua de las comunidades.
“Donde hay un organismo operador el servicio es mucho mejor que en aquellos municipios donde no existe; muchos municipios presentan graves problemas con respecto a la distribución del agua potable. Las personas tienen que adquirir el recurso a través de pipas y entonces se posibilita el robo del agua porque el gobierno tiene muy poca capacidad de inspección”, dijo.
Sostuvo que, aunque es ilegal sustraer el agua sin un título de concesión, actualmente no hay datos disponibles sobre si se han fincado responsabilidades por el ilícito.
Cabe destacar que este delito en el estado de Puebla no está tipificado como tal, solo se podría proceder por robo simple, de acuerdo con información proporcionada por abogados de la Escuela Libre de Derecho; sin embargo, en otras entidades donde se registra este fenómeno buscan castigar esta acción por robo y sustracción de agua de la infraestructura hidráulica.
La instancia a la que le corresponde vigilar la extracción de los pozos es la Comisión Nacional del Agua (Conagua).