Durante la administración de la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, una de cada tres luminarias en la ciudad de Puebla se mantuvieron inservibles o no recibieron mantenimiento por parte del Ayuntamiento; lo anterior según el estudio “Alumbrado Público, los 10 municipios más poblados del estado de Puebla”, del Instituto para la Gestión y Vinculación municipal (Igavim).
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De acuerdo con el documento, en el 2021 existía una cobertura de alumbrado público en la capital del estado del 68%; es decir, de 116 mil 747 luminarias registradas había 37 mil 360 que no estaban en funcionamiento.
Pese a las mencionadas fallas, el pago a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el suministro de energía eléctrica fue de 266.7 millones de pesos el año pasado, un 59% de incremento en comparación con 2020, cuando la administración morenista pagó 167.2 millones de pesos.
A detalle, hasta el mes de abril de 2021, el Ayuntamiento de Claudia Rivera no pagó más de 18 millones de pesos mensuales a CFE; sin embargo, a partir del mes de mayo este costo aumentó a 25 millones de pesos, tarifa que perduró hasta los últimos dos meses del año, cuando ya gobernaba Eduardo Rivera Pérez.
Ante las deficiencias en el parque lumínico de la ciudad, el actual edil panista intentó establecer en Puebla el cobro por el Derecho de Alumbrado Público (DAP); el Congreso local desechó la propuesta por mayoría de votos.
El rechazo al cobro del DAP para el municipio representó la pérdida de una recaudación potencial de 140 millones de pesos anuales, recursos que en su mayoría se destinarían a pagar el servicio de suministro y operación de luminaria a CFE.
Al inicio de su administración, Rivera Pérez contrató a la empresa Vital LED para encargarse del mantenimiento del alumbrado público en la ciudad; esto con un sobrecosto del 75% en comparación con las tarifas de la empresa que le antecedió, Electro Iluminación y Proyectos de Occidente (EYPO).
Este medio de comunicación también evidenció irregularidades en el proceso de contratación de Vital LED Iluminación, compañía que modificó su objeto social y su composición accionaria 21 días antes de firmar el contrato con el gobierno de la capital.