A unos meses de que se cumplan ocho años de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, la Universidad Iberoamericana Puebla realizó una jornada conmemorativa en la que se expusieron diferentes puntos de vista sobre el caso.
El director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Juárez, recordó que en uno de los informes se establece que agentes federales intervinieron en el montaje de pruebas, razón por la que se está frente a un genocidio.
Agregó que se han detectado opacidades en el actuar de los cuerpos policiacos e incluso señaló que los militares sabían que los jóvenes serían entregados al narcotráfico y no lo reportaron.
Refirió que México se encuentra frente a la necesidad de renovar el papel de las fuerzas armadas en la vida pública, pues actualmente se tiene un contexto en el que las desapariciones no son un asunto del viejo régimen, sino que ocurren todos los días.
Ante este escenario consideró que el caso Ayotzinapa puede convertirse en un modelo para el abordaje de otros procesos de violaciones a los derechos humanos, pues es una de las "masacres más grandes que se han dado en México"
En el marco de esta ceremonia conmemorativa en la Universidad Jesuita, se instalaron 43 sillas en el patio central con el retrato de cada uno de los jóvenes desaparecidos en Iguala.
"Estamos en un contexto en el que las desapariciones no son un asunto del viejo régimen, ocurren todos los días... La confirmación de una realidad ampliamente conocida y sufrida en México convierte el informe que vimos en una postal siniestra de la realidad nacional"
Centro de Derechos Humanos, de la Universidad Iberoamericana
Ante este escenario el rector de la institución, Mario Ernesto Patrón Sánchez cuestionó que las instituciones del Estado no sólo no fueron suficientes para garantizar la justicia, sino que fueron utilizadas para construir una mentira oficial.
Resaltó que a raíz de todas las investigaciones se logró la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) mismo que advirtió irregularidades en la denominada que estuvieron promovidas desde la gestión del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Lamento que siga una dilación institucional en la actualidad, lo cual provoca que no se tenga certeza de lo ocurrido, ni tampoco de las personas que intervinieron.
“Se trata de una tragedia que develó el México de la macrocriminalidad, donde la institucionalidad del Estado trabaja para los intereses del crimen organizado” lamentó.