Con rezago de más de una década Poder Judicial de Puebla, por falta de firma electrónica avanzada

El Poder Judicial del Estado de Puebla no ha podido migrar 100% al mundo digital, por carecer de la firma electrónica avanzada, un mecanismo que ayuda a agilizar la consulta y la firma de expedientes, así lo consideró Mario Gómez, quien tiene más de 20 años de litigar en la entidad.
Mientras en otros estados es posible la consulta electrónica de los documentos judiciales, aseguró, en Puebla aún es necesario solicitar una cita para revisar o realizar un trámite judicial.
 
Con la firma electrónica avanzada, añadió el experto, se simplificaría la revisión de expedientes judiciales a un día, cuando actualmente es de una semana o más, en lo que se obtiene una nueva cita.
 
“Esta firma electrónica ayuda mucho, evita traslados innecesarios sobre todo ahora con la pandemia, es amigable con la ecología, porque se dejan de imprimir muchas hojas, y simplifica consultas que podrían ser hasta de 24 horas”, expresó el litigante.
 
Según el diagnóstico de implementación de herramientas tecnológicas en los Poderes Judiciales de México, realizado por la organización México Evalúa, Puebla registra un rezago de 11 años en el uso de la Firma Electrónica Avanzada en el Poder Judicial, y es de los ocho estados a nivel nacional que no han implementado este mecanismo que se puso en marcha en el 2011.
 
Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Durango, Nayarit al igual que Puebla carecen de la firma electrónica, y uno de los principales argumentos es la falta de presupuesto; mientras que Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Colima y Chiapas adoptaron la medida desde su implementación.
Entre los poderes judiciales locales, 46.88% han habilitado un sistema para utilizar una firma electrónica avanzada, 9.38% cuenta con firma electrónica simple, 25% no cuenta con ningún tipo de firma y 18.75% está desarrollando una.
 
Algunas entidades invirtieron entre cuatro millones de pesos y siete millones de pesos en el desarrollo de una firma electrónica; que es un mecanismo de autentificación que permite verificar la identidad de las y los usuarios.
Los beneficios de la firma electrónica son, entre otros, la reducción del uso de papel, la eliminación del requisito de tener que estar en un lugar determinado para firmar un documento, la reducción del espacio de almacenamiento físico –al no ser necesario guardar copias impresas–, el acceso ilimitado a los documentos firmados y el aumento de la seguridad, sobre todo cuando estos son compartidos.
 
La Ley de Firma Electrónica Avanzada se implementó en México en el 2011, para que los ciudadanos pudieran realizar trámites de manera remota; la misma rige la utilización de esta herramienta para los entes y dependencias de la administración pública federal, sus servidores públicos y particulares.
 
Una trabajadora del Poder Judicial de Puebla, que prefirió omitir su nombre, asegura que de las siete demandas que llegan al día en promedio a cada juzgado, sólo dos abogados cuentan con su firma electrónica y piden su acceso; sin embargo, no se lo pueden dar debido a que el sistema no está habilitado.
 
Reconoce que se está avanzando en la digitalización de los expedientes judiciales, pero aún no hay condiciones para el uso de la firma electrónica.
 
“No todos los abogados cuentan con esa famosa firma electrónica, los más jóvenes son quienes la han solicitado, pero todavía no la pueden usar”, dijo la trabajadora.