Al menos 100 servidores públicos del estado de Puebla han sido inhabilitados o destituidos en lo que va del 2022, entre los que destacan el expresidente municipal de Amozoc, José Cruz Sánchez Rojas y el exdiputado local Julián Peña Hidalgo.
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De acuerdo con el apartado Servidores Públicos Sancionados, disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), este año es en el que más se han sancionado a servidores públicos, tanto de instancias de gobierno municipal y estatal como universidades que ejercen recursos públicos.
En 2021 se tiene el registro de 80 burócratas sancionados o inhabilitados, en 2020 fueron solo 7 casos, en 2019 fueron 98 y en 2018 sumaron 76 registros.
De los 100 casos de este año, 15 corresponden al Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 10 al Fideicomiso Fondo Fortalecimiento de la Microempresa, seis al Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, y cinco por cada uno en el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, la Secretaría de Economía, Planeación y Finanzas, entre otros.
En el caso del expresidente municipal de Amozoc del 2014 al 2018 se establece que el motivo fue la omisión en la entrega de documentos, lo que le valió su inhabilitación por un periodo de un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
La Secretaría de la Función Pública fue la encargada de informar sobre su inhabilitación, en la que también versa el nombre de Bonfilio Torres, quien fuera su tesorero municipal durante el mismo periodo.
Durante la gestión actual en Amozoc, también recibió una amonestación pública otra servidora pública. Se trata de Estefanny Vázquez Vélez, quien se desempeñaba bajo el cargo de directora de Desarrollo Urbano, Sustentable.
La falta consistió en la omisión en dar respuesta a un escrito enviado el 3 de mayo de 2021 en el que se solicitó su intervención pues se construyó un predio que afectaba la vivienda de un ciudadano.
En el caso del diputado local –sin partido-, Julián Peña, que formó parte de la legislatura comprendida de 2014 a 2018, su inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público fue por seis meses debido a que fue omiso en presentar declaración de Conclusión.
En San Andrés Cholula, municipio gobernado por Edmundo Tlatehui, recibió una inhabilitación por cinco años Samuel Ruvalcaba Cárdenas, secretario Técnico del Comité de Adjudicaciones.
En tanto que en el Instituto Electoral del Estado (IEE) fue inhabilitado por tres meses Miguel López Avelino, consejero presidente de Consejo Municipal.
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