La senadora de la República, Nancy de la Sierra Arámbulo lamentó la falta de disposición de algunos de sus compañeros para dictaminar el exhorto que presentó ante el Pleno para liberar el campus la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).
El pasado 7 de enero presentó un punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial de Puebla para tomar las medidas legales conducentes y lograr la liberación de las instalaciones de la universidad a fin de que los estudiantes y profesores regresen de manera presencial a sus actividades.
Luego de someterlo a consideración, fue el 13 de enero cuando la Mesa Directiva de la Comisión Permanente lo turnó a la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.
En el dictamen la senadora hizo referencia a las afectaciones para más de 10 mil jóvenes en Puebla como resultado de conflictos legales entre miembros de la familia Jenkins, quien es heredera del patrimonio de William O. Jenkins y Guillermo Óscar Jenkins.
Se explica que a través de la Fundación Mary Street Jenkins se destinaron grandes recursos en favor de Puebla y México, por lo que Nancy de la Sierra advirtió que también los abogados de la familia Jenkins, incluyendo al abogado general de la UDLAP, han sido parte de estos conflictos.
Derivado de varias promociones judiciales, este litigio entre los Jenkins terminó en una orden judicial para embargar la universidad, la cual tiene diferentes efectos que perduran hasta el día de hoy.
De acuerdo con la resolución de la Comisión a cargo del dictamen considera que la situación a la que ha sido sometida la Udlap desde la toma de sus instalaciones el pasado 29 de junio de 2021 vulnera el derecho a la educación de sus estudiantes, sin embargo, señala que antes de ahondar en el impacto académico, social y económico que se debe priorizar el litigio.
De este modo a través de un documento explica que el proceso que ha llevado el litigio y los considerandos de la Comisión, además de que se aclara que las instituciones no deben ser objeto de discordias políticas, de negligencia de instituciones públicas, ni abusos de poder por parte de las autoridades.
La determinación de la Comisión fue exhortar al Poder Judicial del estado de Puebla a tomar las medidas legales necesarias para liberar las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, sin embargo, no procedió.
Ante este escenario la senadora aseguró que continuará en el periodo ordinario con la lucha para que sea aprobado dicho exhorto.