Han transcurrido tres años desde la muerte de la exgobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, en un accidente aéreo; desde entonces el escenario político de Puebla cambió de forma radical.
Actualmente la capital del estado está gobernada por el denominado yunque panista, Morena llegó a Casa Puebla y los principales liderazgos del Morenovallismo están en prisión, o casi extintos políticamente.
El grupo político que hace unos años estaba alineado a los intereses de Moreno Valle, hoy se encuentra en la orfandad. Basta recordar el caso de Eukid Castañón, principal operador del exmandatario, quien fue detenido en 2020 tras ser acusado de extorsión.
En tanto, el exgobernador Tony Gali Fayad, heredero del poder tras la salida de Rafael Moreno Valle del gobierno de Puebla, fue denunciado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), por el presunto desvío de más de 102 millones de pesos cuando estuvo al frente del Ayuntamiento de Puebla.
Con bajo perfil se encuentran exsecretarios como Jorge Aguilar Chedraui, quien sólo salió a la escena pública para interponer una denuncia contra el gobernador Miguel Barbosa Huerta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); en esas mismas condiciones se encuentran otras figuras panistas otrora relevantes como Pablo Rodríguez Regordosa o Jorge Cruz, este último incluso renunció a su cargo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Con el accidente aéreo del 24 de diciembre de 2018, también se acabó el control que el grupo de Moreno Valle tenía sobre el Partido Acción Nacional en Puebla; ejemplo de ello es también la salida de Genoveva Huerta Villegas de la dirigencia estatal.
Con el triunfo de Augusta Díaz de Rivera en el blanquiazul, el denominado Yunque, antes confrontado y derrotado por Moreno Valle, tiene el control del partido en la entidad, y prácticamente una ruta libre en la que se perfila impulsará al alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, rumbo a la gubernatura en 2022, con el apoyo del gobernador morenista Miguel Barbosa.
24 DE DICIEMBRE DE 2018
El 24 de diciembre de 2018 transcurría como un día normal, en el que las familias se preparaban para celebrar la Navidad; de pronto una noticia estremeció a la vida política poblana.
Cerca de las 14:00 horas, se desplomó un helicóptero en un predio del municipio de Coronango, Puebla.
Poco después se dio a conocer que quienes viajaban en la unidad y que murieron en el accidente era en ese entonces la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo –quien 10 días antes había tomado posesión del cargo- así como el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más.
RESULTADO FINAL DEL PERITAJE
En marzo de 2020, el Gobierno Federal presentó el informe final del accidente aéreo determinando que la causa fue la falla en una pieza del sistema de estabilidad de la aeronave.
“Se encontró que tenía, dentro del actuado, dos pequeños tornillos sueltos, el contacto de unos de estos tornillos con las terminales uno y dos de la tarjeta electrónica que los controla, que los comanda, permite la posibilidad de un desplazamiento no comandado, un desplazamiento autónomo del helicóptero. ¿Cuál es la causa probable del accidente? La pérdida del control del helicóptero debido a un ladeo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara contra el terreno”, detalló Javier Jiménez Espriú, exsecretario de Comunicaciones y Transportes.
La empresa aérea que brindó el servicio, así como el taller que da mantenimiento a las unidades, fueron investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR); porque, a pesar de las fallas, los actuadores permitieron la operación del helicóptero hasta 31 veces previo al accidente.
Seis personas fueron detenidas, vinculadas a proceso y se mantienen en prisión preventiva justificada: José Antonio Vázquez Torales, propietario de la firma Rotor Flight Services; Ricardo Montiel Rodríguez, María Magdalena Raya Ochoa e Israel Olguín Jiménez, estos empleados de la empresa.
Tras el fallecimiento de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, el gobierno de Miguel Barbosa Huerta emprendió una serie de acusaciones contra el hoy occiso, principalmente por el endeudamiento a las arcas estatales, por proyectos costosos como el tren turístico, que dejará de funcionar en 2022, o el Museo Internacional Barroco, del que se pagan 35 millones de pesos al mes.
El mandatario estatal inició una serie de señalamientos hacia el gobierno de Moreno Valle por temas como la entrega de notarías de manera irregular, obras fantasma, anomalías en torno a la creación y operación de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y un cúmulo de denuncias contra funcionarios de su administración.
En el cambio de escenarios, destaca lo ocurrido con el hoy alcalde Eduardo Rivera, quien pese a emanar de un partido de oposición, se alineó con el gobernador Barbosa Huerta y mantiene una coordinación que nunca logró consolidar con Moreno Valle.