La manifestación convocada por estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fue contenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para no afectar la presentación del tercer informe del gobernador Miguel Barbosa Huerta en la sede del Congreso local.
El contingente de aproximadamente 200 personas intentó ingresar por la fuerza a la calle 5 oriente para exigir la devolución del campus pero sólo pudieron manifestarse en la calle 2 sur, debido a que grupos antimotín colocaron vallas para impedir el acceso.
Desde las calles 7 oriente y 3 oriente y en la 3 y 5 sur, la comunidad estudiantil intentó ingresar al cuadrante por todos los medios para exigir la devolución del campus que se mantiene en resguardo desde hace cinco meses.
Algunos saltaron las vallas para poder llegar al recinto del Poder Legislativo y otro grupo ingresó por las puertas de la Catedral, mismas que fueron cerradas de inmediato por los uniformados.
Los inconformes lanzaron consignas como "Barbosa entiende, la UDLAP no te quiere", "UDLAP libre", además llevaron pancartas con frases como "Barbosa saca las manos", "Autonomía para aprender" y "Por libertad académica autonomía universitaria".
Alrededor de las 11:40 horas y ante el bloqueo a las calles del primer cuadro de la ciudad, los manifestantes decidieron trasladarse al Zócalo de Puebla, donde continuaron su protesta.
"Que no nos manden granaderos porque no somos delincuentes, somos estudiantes, no nos vamos a quitar, que nos abran, tenemos derechos, estaremos el tiempo que sea necesario" dijo una de las inconformes.
Fue el pasado jueves cuando tras una reunión con la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill y autoridades del gobierno del estado, representantes de la UDLAP señalaron que se llegó a un acuerdo para recuperar las instalaciones tras cinco meses de litigio, situación que no se concretó.
Sin embargo, hasta la fecha no ha sido regresado el campus a la comunidad universitaria, luego de que fue tomado por el presunto desvío de 720 millones de dólares por la familia Jenkins de Landa en detrimento de la fundación Mary Street Jenkins.