A cinco meses del conflicto registrado por inconformidades en las pasadas elecciones de Coyomeapan, Puebla, la presidencia municipal continúa cerrada, siendo el único de los 217 municipios que se encuentra sin atención a la ciudadanía.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta mencionó esta mañana que a pesar de la situación de este ayuntamiento, la estabilidad y tranquilidad en la entidad poblana está garantizada, sin embargo reconoció que los pobladores de esta demarcación mantienen tomadas las instalaciones de la presidencia debido a su descontento por la elección.
“Afortunadamente tenemos un ambiente político social tranquilo en el estado, bueno salvo la de Coyomeapan esa sí está tomada y bueno a ver, están planteando sus asuntos. Y bueno se cometieron hechos irregulares y tendrán que haber una solución, pero hay un ambiente social tranquilo en el estado”
Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla
Además de la presidencia los quejosos también tomaron la comandancia, el auditorio municipal y las oficinas del Concejo Municipal del Instituto Electoral del Estado (IEE).
Cabe recordar que el conflicto surgió el pasado mes de junio cuando los resultados de las urnas favorecieron al alcalde en funciones, Rodolfo García López del Partido del Trabajo y Pacto Social, quien es esposo de la expresidenta municipal Araceli Celestino Rosas y cuñado de quien también fungió como alcalde del municipio mencionado, David Celestino Rosas, por lo que en conjunto dicha familia lleva más de 10 años ocupando el cargo.
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La inconformidad es tanta, que ha llegado a Palacio Nacional; pues los pobladores se han manifestado en la Ciudad de México para exponer sus molestias en las que acusan que hubieron irregularidades en dicho proceso electoral, los representantes insistieron en que el presidente Andrés Manuel López Obrador debía conocer lo que ocurre en su comunidad y el por qué rechazan que otro integrante de esa familia esté en el poder por tres años más.
Ante las protestas, en el mes de septiembre se registró la detención de cuatro activistas de la “Unidad por Coyomeapan” quienes habían asistido a una reunión con personal de la Secretaría de Gobernación del Estado (Segob) para denunciar lo sucedido en el territorio poblano.
Los detenidos acusan que la privación de su libertad está vinculada con el activismo que realizan en contra del cacicazgo en dicho municipio, por lo que la subsecretaría de Derechos Humanos y Migración de la Secretaría de Gobernación Federal pidió al Poder Judicial y a la FGE, no criminalizarlos por sus acciones activistas, pues la medida obedece a presuntas violaciones a sus derechos humanos.
Finalmente, el pasado 8 de diciembre, el presidente de México solicitó al subsecretario de Gobernación federal (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez que interviniera en dicho conflicto social, que hasta este día no ha sido solucionado.