El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, rechazó que la auditoría a las cuentas públicas de su antecesora Claudia Rivera Vivanco se trate de una revancha política o cacería de brujas, pero advirtió que no será omiso en aplicar la ley.
Será entonces que, de no justificar las más de dos mil inconsistencias identificadas por su gobierno, la Contraloría calificará o implementará las sanciones que correspondan.
El edil panista señaló que el próximo 10 de enero de 2022 será la fecha límite para que la ex alcaldesa Claudia Rivera Vivanco solvente las dos mil 86 irregularidades que establece el dictamen de la Comisión de Entrega-Recepción.
Aunque evitó mencionar qué dependencias municipales presentan inconsistencias, al argumentar que el proceso debe seguir sus cauces legales, según versiones periodísticas se trataría de la Secretaría de Infraestructura, Seguridad Pública, Bienestar y Tesorería, donde sus respectivos secretarios fueron citados para subsanar los señalamientos.
“Mi deber es ese, no voy a tapar absolutamente ningún tipo de irregularidad, de violación a la ley, algo que haya afectado al patrimonio del municipio, no lo vamos a tolerar, no lo vamos a aceptar, tendremos que continuar con este proceso”
Eduardo Rivera, presidente municipal
De acuerdo con un comunicado del Ayuntamiento de Puebla, una vez que se cumpla el plazo el 10 de enero, la Comuna ordenará la remisión de las observaciones a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que analice la cuenta pública 2018-2021.
En tanto, el regidor y ex tesorero municipal de la administración anterior, Leobardo Rodríguez Juárez, detalló que en dependencias como la Tesorería prácticamente todas las direcciones han sido notificadas.
“Se están haciendo algunas notificaciones que no corresponden a las áreas. Por ejemplo, Contabilidad está recibiendo notificaciones de la Dirección de Ingresos o la de Egresos recibe de la Dirección Jurídica, todo eso es lo que estamos empatando”
Leobardo Rodríguez, regidor de Morena