El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, no aceptó la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que le instruyó ofrecer una disculpa pública al ex secretario de Salud Jorge Aguilar Chedraui luego de señalarlo como presunto responsable de desvíos de recursos cuando fue funcionario en la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
A través de la cuenta de twitter del Gobierno de Puebla, el Ejecutivo estatal dio a conocer los motivos por los que no cumplirá la recomendación 75/2021 emitida por la CNDH
El documento precisa que la recomendación emitida es un acto de censura, por considerar que hace alusión a notas periodísticas; asimismo, justifica que las expresiones del gobernador no representan un acto de autoridad sino un ejercicio de derecho a la libertad de expresión.
“Perjudica el derecho a la información de la ciudadanía” sobre actos o eventos del pasado que son de interés público como el ejercicio del presupuesto y la calidad de la gestión gubernamental.
Asimismo, apunta que “la CNDH carece de competencia para formular y dirigir la Recomendación”, toda vez que la autoridades destinatarias pertenecen a un orden local de gobierno y no a uno de carácter federal.
Cabe recordar que Aguilar Chedraui acudió al organismo de Derechos Humanos en el 2018 para poner su queja, tras considerar que el gobernador violó su derecho a la presunción de inocencia al relacionarlo en supuestas irregularidades durante el morenovallismo.
En el documento refiere que la contestación a la CNDH fue omisa en la satisfacción de los criterios, principios y directrices que establece el artículo 44 de la Ley del organismo, incurriendo con ello en la transgresión sistemática del principio constitucional de legalidad en su dimensión de seguridad jurídica.
"Se observa que la CNDH no señala, ni hace referencia específica, a cuáles fueron las pruebas, elementos de convicción y las diligencias practicadas que sirvieron de sustento para allegarse a la verdad de los hechos y, en consecuencia, estar en posibilidad de determinar la supuesta responsabilidad de la autoridad a mi cargo en la violación de los derechos humanos del quejoso", apunta.
La recomendación de la CNDH también establecía que el mandatario estatal, así como el auditor Francisco Romero Serrano, tendrían que tomar un curso de capacitación sobre Derechos Humanos relacionado con la presunción de inocencia, a la legalidad, a la privacidad, al acceso a la información pública y a la protección de datos personales.