"No contraten y no encarguen la seguridad pública a quienes fueron responsables de una época negra de la seguridad pública” fueron las palabras del gobernador poblano Miguel Barbosa a manera de regaño al alcalde de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos, luego de que su secretario de Seguridad Pública, Alejandro Santizo, se viera involucrado en un incidente violento que dejó tres ministeriales asesinados por policías municipales.
Sin embargo, por la administración estatal actual han transitado también personajes cuestionados por sus actos de gobierno.
Destaca Raciel López Salazar quien llegó desde Chiapas para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En el sureste fue titular de la Procuraduría General de Justicia y de la Fiscalía General de Chiapas, de 2007 a 2015, de donde salió cuestionado por actos de corrupción y abuso del uso de la fuerza.
En Puebla asumió el cargo el 28 de febrero del 2020 y salió el 22 de Noviembre del 2021 cuando fue relevado, al igual que otros mandos policiacos, por haber incurrido presuntamente en actos ilegales, por falta de pago a los elementos policiacos y por incluir en su equipo de trabajo a funcionarios traídos de Chiapas, sin credenciales para su puestos.
Cabe igualmente mencionar a Ricardo Velázquez, quien ingresó a la Consejería Jurídica durante el presente mandato poblano, en agosto del 2019.
Sin embargo, en su historial tiene haber sido nombrado para dirigir la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Puebla bajo la administración de Mario Marín Torres (2005-2011) en 2006, fecha en que surgió el “caso Lydia Cacho”, en el cual Velázquez Cruz actuó como defensor del entonces gobernador Marín Torres, acusado de tortura por parte de la periodista.
Trece años después, específicamente en 2018, Velázquez ofreció una disculpa a Cacho, argumentando que como consejero jurídico era su “obligación y por ley” defender al exgobernador.
Extraoficialmente, se sabe que Ricardo Velázquez ya presentó su renuncia al gobernador Barbosa, pero no le ha sido aceptada.
Yassir Vázquez Hernández es otro funcionario que llegó a la administración estatal y tuvo que salir en medio de fuertes críticas.
En agosto de 2020 se descubrió que Vázquez Hernández tenía una orden de aprehensión por un presunto caso de peculado y daño patrimonial cuando fue alcalde de Tuxtla Gutiérrez, de 2010 a 2012.
Aunque el gobernador Miguel Barbosa negó el hecho, Yassir Vázquez fue relevado como subsecretario de Movilidad y Transporte, cargo que ocupó hasta este febrero de 2021 debido a que se registró como aspirante a una diputación federal en el pasado proceso electoral.
Los señalamientos del gobernador estatal contra Alejandro Santizo, se deben a que el ya ex funcionario municipal tiene vínculos con Facundo Rosas Rosas, ex titular de Seguridad Pública durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, quien le confió el cargo de secretario de Seguridad Pública en el municipio de Puebla, durante la administración de Antonio Gali y Luis Banck, entre 2014 y 2018.
Cabe destacar que Rosas Rosas fue despedido por un escándalo nacional, por su presunta relación con una red de huachicoleros en la que también Santizo fue señalado de ser el encargado de controlar la zona conurbada de Amozoc y San Martín Texmelucan, para el traslado del combustible hurtado.
Actualmente, este personaje se encuentra detenido por el asesinato de los tres agentes de la Fiscalía de Investigación de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), ocurrido la noche del 19 de noviembre en el zócalo de Tecamachalco.