La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ordenó al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ofrecer una disculpa pública a Jorge Aguilar Chedraui, exsecretario de Salud estatal (2011-2013) durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, al determinar que incurrió en irregularidades en su desempeño como servidor público y violó los derechos humanos del exfuncionario local.
Barbosa también deberá tomar un curso de capacitación sobre derechos humanos.
En una recomendación emitida el pasado 3 de noviembre, la CNDH concluyó que tanto Barbosa como Francisco Romero Serrano, auditor Superior de Puebla, violaron los derechos humanos, la seguridad jurídica, la legalidad, la imagen pública, el principio de presunción de inocencia, la dignidad y la privacidad de Aguilar Chedraui, al señalarlo de corrupción y desvío de recursos durante su gestión como secretario.
En octubre de 2020, el gobernador de Puebla aseguró que Aguilar Chedraui se encontraba en la lista de exfuncionarios estatales que serían denunciados por actos de corrupción. Y en febrero de este año, la Auditoría Superior del Estado (ASE) lo señaló por el presunto desvío de 150 millones de pesos durante su gestión como secretario de Salud local.
“Estos señalamientos fueron recabados por diversos medios de comunicación desde 2019, 2021 y hasta el 10 de febrero de 2021” pese a que, señala la CNDH, el 26 de abril de 2021 el titular de la ASE desmintió la existencia de denuncias contra el exsecretario estatal.
Sumado a ello, las funciones de Aguilar Chedraui durante el periodo de 2011 a 2013 “fueron fiscalizadas en el ejercicio presupuestario durante su gestión y no existieron sanciones administrativas ni penales por la comisión de alguna infracción penal o administrativa”, señaló la Comisión.
La CNDH determinó que tanto Barbosa Huerta como Romero Serrano violaron los derechos humanos de Aguilar Chedraui debido a que no negaron las acusaciones que hicieron en su contra, por las que el exsecretario “ha sido objeto de injerencias a su vida privada y ataques a su honra y reputación”, pese a “la inexistencia de señalamientos penales o de procedimientos administrativos sancionatorios”.
A pesar de que tanto el gobernador como el auditor Superior de Puebla argumentaron que sólo hicieron uso de su libertad de expresión, la CNDH determinó que actuaron “en contra de los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos”.
Barbosa deberá ofrecer disculpa pública y tomar un curso de derechos humanos
Como parte de las medidas de reparación integral del daño para Aguilar Chedraui, la CNDH ordenó al gobernador Barbosa y a los servidores públicos de su gobierno tomar “un curso de capacitación sobre derechos humanos en el que se haga énfasis en los derechos a la presunción de inocencia, a la legalidad, a la privacidad, al acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados”.
Esta medida, señaló la Comisión, “se dará por cumplida cuando se envíen las constancias de los cursos”.
Barbosa también deberá ofrecer una disculpa pública a Aguilar Chedraui en la que reconozca la responsabilidad de los hechos señalados por la CNDH.
El gobierno de Puebla también deberá eliminar las publicaciones en medios de comunicación y páginas de internet en las que se hayan proporcionado y publicado datos personales del exsecretario de Salud estatal relacionados con el caso.
La CNDH ordenó a Francisco Romero Serrano, auditor Superior de Puebla, incluir en la reparación del daño “una compensación justa y suficiente” para Aguilar Chedraui, “con motivo de la responsabilidad institucional que derivó en la violación a sus derechos humanos”, además de inscribirlo en el Registro Nacional de Víctimas.
El personal de la Auditoría Superior de Puebla que realiza funciones de fiscalización también deberá tomar un curso de capacitación sobre derechos humanos.
Por otro lado, se solicitó a Romero Serrano colaborar en la queja administrativa que la CNDH presentará sobre uno de los servidores públicos señalado como responsable de las faltas contra el exsecretario local.
Vía.Tres solicitó una entrevista al exsecretario de salud Jorge Aguilar Chedraui para conocer su postura respecto al resolutivo de la CNDH, sin embargo dijo que, por el momento, no dará declaraciones sobre el tema.
El gobierno de Puebla tendrá que dar respuesta a esta recomendación dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, de no cumplir con ese plazo, se interpretará que no fue aceptada.
Tras responder a la recomendación, tendrá otro plazo de quince días hábiles para presentar pruebas del cumplimiento de las medidas dictadas por la CNDH.
En caso de que las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por el gobierno estatal, la Comisión podrá pedir al Senado o a la Comisión Permanente que llamen a comparecer a los funcionarios públicos involucrados para que expliquen los motivos.