Desde marzo de 2015, Grupo GICSA formalizó su entrada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través de una asamblea extraordinaria de accionistas con la que se convertiría en una empresa pública; sin embargo, análisis judiciales señalan alteraciones documentales en su constitución empresarial con la que podría ser acreedora a sanciones administrativas y penales.
De acuerdo al caso que ahora mantiene bajo análisis el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado, los accionistas mayoritarios Daniel Elías Cababie y Jaime Dayán Tawil decidieron alterar el acta constitutiva original con la que se daría cumplimiento a los requerimientos impuestos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), esto en lugar de convocar a nueva asamblea extraordinaria.
Dentro de las alteraciones halladas se encuentra la creación de un fideicomiso en Grupo Financiero Actinver, en el cual se depositarían las acciones de la empresa sin el consentimiento del resto de los socios minoritarios. La situación detonó es una demanda judicial que ahora se mantiene bajo observación por el organismo, lo cual pone en duda los procedimientos del Consejo de Administración de la BMV, que dirige Marcos Martínez Gavica.
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Además de los señalados, se le giraron órdenes de aprehensión desde agosto pasado a Elías Cababie Daniel, Jaime Dayán Tawil y Jesús Jerónimo Bugeda Piñeiro, éste último el representante legal de GICSA; hasta el momento, los tres cuentan con suspensiones provisionales que impiden su ejecución inmediata.
De acuerdo al Artículo 105 de la Ley del Mercado de Valores, si los auditores encuentran irregularidades que afecten la liquidez, estabilidad o solvencia de la emisora simplificada, deben avisar al órgano de vigilancia de la misma.
A pesar de ello, los inversionistas que forman parte del máximo organismo de operación bursátil no han sido advertidos de los riesgos asociados con dicha empresa.