Más de 200 trabajadores sindicalizados de la empresa Interjet, declarada en bancarrota en 2022 y que cuenta con un pasivo cercano a los mil 800 millones de pesos por concepto de salarios, prestaciones y salarios caídos, se manifestaron en la Secretaría de Gobernación (Segob) para darle solución a las deudas que la firma acarrea desde la pandemia por Covid-19.
Representantes de la Sección 15 del la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de estados como Oaxaca, Monterrey, Campeche, Ciudad de México y Veracruz, entre otros, acudieron al inmueble ubicado en Bucareli donde protestaron sobre la ausencia del dinero que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la propia Procuraduría General del Consumidor (Profeco) se han comprometido a entregar a través de las instituciones correspondientes.
Entre misivas y carteles con escritos "Justicia para Interjet", "Ya son tres años" y "Fuerza Interjet", laboristas enfundados en chalecos verdes con el logotipo de su antigua empresa exigieron la intervención de la funcionaria Luisa María Alcalde para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) les cumpla lo prometido a tres años de huelga.
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"A mí me deben sueldos caídos que equivalen a varios miles de pesos; sin embargo, hubo gerentes y otros trabajadores que antes de la huelga recibieron una remuneración económica", declaró Daniel Alarcón, agente de servicio al pasajero durante dos años.
Después de una hora y media de manifestación, el encuentro culminó con un diálogo entre el representante de los sindicalizados y los trabajadores de la Segob, quienes fueron custodiados por una decena de miembros de la Guardia Nacional (GN) y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
"Nos recibieron y están totalmente de acuerdo en apoyarlos. Vamos a sacar un comunicado para informar cuándo se va a instaurar la próxima mesa con las autoridades pertinentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SCT)", declaró Francisco del Olmo, director de la Sección 15 de la CTM.
Tres años de pelea
En 2021, alrededor de 4 mil 141 empleados sindicalizados de la aerolínea mexicana iniciaron una huelga el 8 de enero por la falta de pagos de nómina que alcanzaron cuatro meses de retraso.
La firma formaba parte de ABC Aerolíneas, empresa que le pertenecía a Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, ahora prófugo de la justicia, fundada en 2005. Sin embargo, en 2020 se reveló que el 90 por ciento de la empresa era propiedad de otros magnates: Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche.
Ambos inversionistas han contado con órdenes de aprehensión por fraude; Del Valle fue imputado en mayo de 2022 por abuso sexual y violencia familiar, pero fue liberado luego de cinco meses en prisión. Por su parte, Cabal Peniche y su esposa, presuntamente cometieron un delito de fraude contra la empresa Crédito Real, que le dio un préstamo al inversionista para la compra de Radiópolis.
El año pasado, un grupo de extrabajadores se posaron en las oficinas del síndico a cargo del concurso mercantil de la aerolínea, Alfonso Ascencio Triujeque, después de que el expresidente de la aerolínea señalara que había disponibles 25 millones de dólares (más de 400 millones de pesos) en la cuenta de la aerolínea disponible en el Banco del Bienestar, que servirían para liquidar parte de la deuda adquirida. Finalmente, la JFCA reconoció a los trabajadores un adeudo de mil 800 millones de pesos por concepto de prestaciones.