Debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, empresas de Seguridad Privada Empresarial de Puebla redujeron la plantilla laboral en 40% y con la reactivación de la economía y el inicio del 2022, temen que aumenten impuestos relacionados con su actividad.
Luis Miguel Mendoza Reyes, presidente del grupo empresarial sostuvo que durante la pandemia, las 48 empresas afiliadas al organismo, que a su vez integran de 50 a 100 elementos, se han enfrentado a diversos problemas como la reducción de la plantilla laboral así como a los contagios de sus elementos, el pago de 4 mil 750 pesos por cada examen de control de confianza y un gasto adicional para obtener la certificación del Registro de Empresas que Prestan Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE), requisito obligatorio para poder operar.
"Hubo problemas del tipo económico, de salud que se tuvieron que solventar como medidas de sanidad. Sin embargo continuamos y se están recuperando las actividades paulatinamente. Cálculo que hasta en un 40% hubo una baja en personal y en servicios, pero ya estamos recuperando el campo comercial"
Luis Miguel Mendoza Reyes, empresario
Exigió que el paquete fiscal para el ejercicio fiscal 2022 se analice a fondo y no aumente el costo de los exámenes de confianza para los uniformados ni se autoricen otros impuestos.
Ahora que el Congreso del Estado recibió el presupuesto para el siguiente año, la cúpula solicitó al gobernador Miguel Barbosa Huerta y a los legisladores locales ser holgados en cuanto al costo de derechos para este sector.
Aunado a lo anterior, apuntó que las empresas deben gastar en insumos para el personal, desde botas y uniformes hasta equipo táctico además de la contratación de seguros.
Por tanto, solicitó que en el presupuesto de Ingresos del gobierno de Puebla haya mesura en cuanto al incremento inflacionario en el pago de derechos en relación a las empresas de seguridad privada y que disminuyan los costos de exámenes de confianza.