Contrario a la afirmación de Carlos Slim, la Alianza Nacional Telefonista (ANT) sostiene que lejos de estar en números rojos, Telmex ha logrado mantener ingresos multimillonarios a través del desmantelamiento de sus activos, como la separación de la unidad de telefonía celular radio móvil DIPSA en el año 2000, misma que después se convirtió en Telcel y que actualmente reporta ingresos anuales por más de 300 mil millones de pesos.
Así como la separación de tres subsidiarias: Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces (CTBR), Alquiladora de Casas (ALDECA) y Renta de Equipo (RESA) hoy dueñas de centrales telefónicas, flotillas de vehículos y equipos para la prestación de los servicios mayoristas, a las que Telmex paga parte de sus ingresos, cuando originalmente eran parte de los activos de la misma compañía.
En el marco de la Revisión Salarial 2025 – 2026 que realiza el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), en la que se plantean modificaciones a la cláusula 103 sobre el salario e incluirá prestaciones y cláusulas contractuales como vacantes y materia de trabajo, los trabajadores expresaron su preocupación pues con antecedentes nada favorables para ellos en años anteriores, las declaraciones de Carlos Slim sobre que Telmex ya no es un negocio redituable parece la antesala de mayores violaciones a sus garantías laborales.
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Afirman que Telmex cuenta con los recursos suficientes para el cumplimiento de sus obligaciones patronales, toda vez que de acuerdo Informe Crediticio Moody’s Local del 21 de enero de 2025, Teléfonos de México concentra más del 40% del mercado nacional de Telefonía fija y banda ancha, además de ser dueña de la RED de fibra óptica más importante del país y contar con un flujo de efectivo positivo e ingresos por más de 107 mil millones de pesos en 2024 con base a datos de la Bolsa Mexicana de Valores.
La ANT y otras agrupaciones continúan en la lucha legal por la reivindicación de sus derechos contractuales, mismos que aseguran han sido violados en complicidad con el líder sindical Francisco Hernández Juárez, el cual se ha mantenido en el cargo por casi 50 años a través de cuestionables reelecciones.
Ejemplificaron la violación sistemática de sus garantías con la implementación del Plan de Permanencia Voluntaria (PPV) que afecta cláusulas de jubilación, además de la entrega de dádivas a través de tarjetas con fondos económicos y vehículos de uso particular, sin que ese tipo de acciones estén plasmadas en el Contrato Colectivo de Trabajo.