El llamado Plan B, del presidente Andrés Manuel López Obrador, se perfila para ser la reforma electoral más impugnada en la historia del país, de acuerdo a una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).
Hasta el 1 de febrero, se habían presentado: un juicio de amparo en contra de la reforma, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos de oposición y diversos legisladores, así como una controversia constitucional del INE contra las modificaciones legales en materia de propaganda gubernamental.
Según la investigación denominada “Aspectos del proceso legislativo de la Reforma Electoral (Plan B)", se espera que el paquete de reformas relativo a las normas electorales que será discutido esta semana por el Congreso motive un mayor número de acciones jurídicas y sociales, pues todos los actores que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de propaganda gubernamental adelantaron que harían lo mismo con las reformas a normas electorales que tocan la estructura y funcionamiento del INE.
Quienes se oponen a la reforma señalan principalmente aspectos como violaciones al proceso legislativo y argumentan que las modificaciones propuestas ocasionarían el debilitamiento del INE, inequidad en las contiendas por la intervención de servidores públicos e incluso, que pone en riesgo la organización del proceso electoral de 2024.
Ante esta avalancha de acciones legales, el estudio del IBD considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver la constitucionalidad y validez del Plan B antes de junio de este año, para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024.
La tarde de este martes el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Germán Cruz Silva admitió a trámite un juicio de amparo promovido por la Asociación de Municipios de México (Ammac), en contra de la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forman parte del denominado Plan B, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
El alegato de la asociación es que la verificación, por parte de los gobiernos estatales, de los programas de comunicación social de los municipios, es transgresivo del artículo 134 de la Constitución en materia de propaganda gubernamental.
Mientras tanto en el Senado de la República, Morena, aplazó para el martes de la próxima semana la dictaminación en comisiones del Plan B, bajo el argumento de que la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández, presentaba una afonía y por ello se veía imposibilitada para convocar a sesión.
Esta postura fue calificada por partidos de oposición como una “chicanada política parlamentaria”, pues acusaron que Morena busca dilatar la discusión lo más que se pueda para que la SCJN ya no tenga tiempo de procesar las impugnaciones.
El artículo 105 constitucional prohíbe realizar cambios a normas electorales, 90 días antes del inicio de los procesos electorales, por lo que la SCJN deberá resolver antes de junio de este año
Para invalidar el Plan B se requiere que una mayoría calificada del pleno de la Corte vote en ese sentido.