El diputado morenista Humberto Aldana Navarrete, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, propuso en el Congreso de Quintana Roo remover la concesión para el alcantarillado y el servicio de agua potable que tiene la empresa Aguakán hasta el 31 de diciembre del 2054 en municipios turísticos como Puertos Morelos y Solidaridad (Playa del Carmen), Isla Mujeres y Benito Juárez (Cancún).
De acuerdo con la propuesta aprobada por 19 legisladores quintanarroenses presentes en la sesión, será a partir del 1 de enero del siguiente año cuando la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) comenzará a brindar esos servicios; por lo mismo, los once municipios del estado tendrán tres días para buscar otras opciones para hacerse cargo de la labor que ofrecía la concesionaria.
Desde el 2022, Morena había buscado terminar con el contrato de Aguakán, específicamente, a petición de la senadora de la 4T Marybel Villegas, en el norte de Quintana Roo se realizó una consulta para determinar la permanencia de la compañía en la entidad, por lo que la compañía comenzó la defensa legal correspondiente para seguir entregando el servicio.
El argumento que Morena ha empujado para cancelar la concesión es que presuntamente hay varias quejas sobre el servicio que da; no obstante, lo que se está intentando es que sea el estado el que lleve a cabo esta labor sin pagar a un tercero. Lo anterior a pesar de que la empresa ha pagado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo y a la Comisión de Nacional del Agua por los derechos de casi 8 mil millones de pesos.
Aguakán consiguió la licencia en el 2014, cuando el estado todavía era gobernado por el priista Roberto Borge, ésta otra razón por la cual Movimiento de Regeneración Nacional está buscando ponerle fin al acuerdo.
Al terminar la mencionada votación del pasado 22 de diciembre, la compañía aseguró que seguirían entregando sus servicios con normalidad y que buscarán el camino judicial pertinente para cumplir con el contrato que todavía cuenta con vigencia por 30 años más.
Además, se confirmó que la empresa presentó ante la CAPA sus planes de inversión, trabajo y desarrollo, con el objetivo de saneamiento del 100% de las aguas recolectadas y trasladadas en las 13 plantas de tratamiento. Por si fuera poco, Aguakán se volvió en el único proveedor de México con tres desaladores funcionales en el mismo municipio para cumplir con las metas de capacidad de servicio necesarias.
Tras la decisión que parece haberse tomado con desinterés en el Congreso estatal, la Bolsa Mexicana de Valores dio a conocer su postura oficial:
Aguakán (DESARROLLOS HIDRÁULICOS DE CANCÚN, S.A. DE C.V.) es “una empresa de clase mundial y más de 22 millones de trabajadores participan indirectamente como accionistas en su capital a través de las Afores. Con la seriedad y compromiso que le caracteriza, DHC continuará prestando con normalidad los servicios públicos de agua potable concesionados en su favor en y por los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad en el Estado de Quintana Roo en apego a lo dispuesto por el Título de Concesión y su modificación de 18 de diciembre de 2014”.
Mientras tanto, la empresa tachó la votación como ilegal y dijo que ya anticipó que se iniciarán todos los medios de defensa e impugnación para combatirla:
“El Decreto 195 desconoce absolutamente la naturaleza y normatividad rectora del Título de Concesión e invade esferas y atribuciones de los Municipios soberanos concedentes de la Concesión, así como del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, lo que representa una clara transgresión al orden constitucional y legal aplicable”.
Las inversiones hechas por Aguakán desde el inicio de su concesión han terminado en una infraestructura constituida por 217 pozos de extracción, 101 cárcamos de agua residual, 71 tanques de agua potable, 2,157 km de tuberías de alcantarillado, 3,250 km de tuberías de agua, 13 plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y 3 plantas de Osmosis Inversa. De 1994 al 2023, la empresa invirtió 8.005 millones de pesos en infraestructura hidráulica, lo que se traduce a un 18.9% respecto a la cobranza.