Durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública existieron irregularidades en los pagos de sueldos, prestaciones, categorías no consideradas, trabajadores designados como deceso en nómina, bienes adquiridos no localizados o que no operan, por un monto de 830 millones de pesos, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
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En el informe de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, la ASF publicó que las irregularidades no representan hasta el momento ningún delito, pero deben ser aclaradas.
La ASF explicó que las irregularidades fueron detectadas en Centros de Estudios, Bachilleratos, Institutos, Universidades Tecnológicas y Politécnicas, todas ellas instituciones educativas a cargo de la SEP; sin embargo, de acuerdo con esta institución, fue el nivel medio superior el más afectado, con más del 50% de las irregularidades en recursos.
IEn Educación Media Superior (Colegio de Bachilleres, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, Instituto de Capacitación para el Trabajo, entre otros) las irregularidades suman 496.5 millones de pesos; en Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 148.7 millones; en Transferencias UPES, 119.8 millones; Institutos Tecnológicos, 49.9 millones, y Apoyo Solidario, 15.8 millones.
“El impacto económico de las observaciones de auditorías al programa fue de 1,073.2 millones de pesos, del cual el monto por aclarar ascendió a 830.7 millones de pesos y las recuperaciones operadas a 242.4 millones de pesos, que para efectos del documento se presentarán desglosados, ya que el U006 se fiscalizó por vertiente, en virtud de que las unidades responsables y los ejecutores son distintos entre sí”, dice el documento.
Finalmente, se reportó que los principales conceptos que generaron un monto observado en la revisión de la Cuenta Pública 2021 fueron los siguientes:
1. Pago de plazas o categorías no consideradas en el convenio, catálogo o normativa por 42.2 millones de pesos que representaron el 28.4% del monto por aclarar.
2. Falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto por un monto de 36 millones de pesos, es decir, el 24.2 % del monto señalado.
3. Personal que no acredita el perfil académico por un monto de 23.6 millones de pesos, es decir, el 15.9% del importe pendiente de solventar.
4. Otras irregularidades sumaron 46.9 millones de pesos, que representaron el 31.5% del monto por aclarar.