Los índices de delincuencia , violación de derechos humanos e impunidad en México han sufrido un aumento drástico y alcanzado niveles históricos durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró la organización Human Rights Watch (HRW).
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En su Informe Mundial 2023 señala, por ejemplo, que ha sido en la actual administración donde se ha registrado la mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.
"Los niveles de delitos violentos han alcanzado picos históricos durante la presidencia de López Obrador. En 2021, se registró una tasa de 28 homicidios cada 100 mil personas", refiere el documento.
En el rubro de violencia e impunidad, destacó que el 90% de los delitos nunca se denuncian, una tercera parte de los que sí son denunciados nunca se investigan y menos del 16% de las investigaciones se resuelven, lo que hace que en México las autoridades únicamente logren resolver el 1% de los delitos.
“Si bien las autoridades a menudo atribuyen esta violencia a cárteles delictivos, la mayoría de los delitos no se investigan y nunca se identifica ni se enjuicia a los responsables”, se lee.
En derechos humanos el panorama tampoco es alentador. HRW resaltó que no han cesado los actos de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte de policías, fiscales y soldados y casi en todos los casos quedan en la impunidad absoluta.
“En la encuesta más reciente a personas encarceladas que realizó el organismo oficial de estadísticas en julio de 2021, casi la mitad de los encuestados señalaron que, tras ser detenidos, policías o soldados los habían sometido a abusos físicos”, menciona el informe.
Los abusos cometidos por militares también han visto un incremento. Desde 2018, el número de denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el Ejército y la Guardia Nacional ha registrado un aumento constante; sin embargo fue en 2021, cuando la Comisión recibió 940 denuncias al respecto, la mayor cifra en ocho años.
“Desde 2007 y hasta septiembre de 2022, el Ejército mató a 5,335 civiles, según datos gubernamentales. Desde 2018, el número de denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Ejército y la Guardia Nacional ha registrado un aumento constante. En 2021, la Comisión recibió 940 denuncias de ese tipo, la mayor cifra en ocho años”, señala.
Respecto a las desapariciones forzadas que no cesan desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra al crimen organizado, HRW destaca que de las 105 mil personas en esta situación, más de 36 mil desaparecieron durante la presidencia de López Obrador. Se suma a ello las nulas investigaciones al respecto, por lo que son las propias familias -organizadas en colectivos- las encargadas de buscar a sus seres queridos, en las miles de fosas halladas en todo el país.
“Entre 2006 y 2021, las autoridades habrían encontrado al menos 4 mil de esas fosas en el país”, dice.
Asimismo, evidencia que México es uno de los peores países para ejercer el periodismo, pues tan sólo en 2022 15 periodistas fueron asesinados. El Informe destaca de igual manera la impunidad que existe al investigar estos crímenes, pues “es habitual que las autoridades no investiguen adecuadamente. Desde su creación en 2010 hasta septiembre de 2022, la fiscalía especial federal para la atención de delitos contra periodistas había iniciado mil 552 investigaciones y obtenido sólo 32 sentencias condenatorias, incluyendo siete por homicidio”.
Respecto a la migración en donde la violación a los derechos humanos es recurrente, ya sea por fuerzas federales o el crimen organizado, HRW acusa que el gobierno de López Obrador ha intensificado los esfuerzos para evitar que los migrantes logren cruzar el territorio de México para llegar a Estados Unidos, con el despliegue de casi 30 mil soldados con propósitos de control migratorio.
“México detuvo a más de 307 mil migrantes en 2021, la cifra más alta desde que hay registro. Los centros de detención migratoria están sobrepoblados y en condiciones insalubres. El personal de esos centros suele presionar a los migrantes para que acepten el “retorno asistido” a sus países y desalentarlos de la posibilidad de solicitar refugio”, subraya.
El panorama que observa HRW contrasta con el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en reiteradas ocasiones ha afirmado que en México ya no se violan derechos humanos, no existe la impunidad y han disminuido los hechos delictivos.