No fue sino hasta que las viudas de los 10 mineros atrapados en una mina de Sabinas, Coahuila, amenazaron con demandar a las autoridades, este sábado pasado, y con entablar una batalla legal contra los responsables del derrumbe en ese lugar, que la Fiscalía General de la República (FGR) informó de avances en la investigación.
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Ayer por la tarde, esa instancia federal anunció que desde el pasado 5 de agosto se inició el procedimiento de investigación por los hechos ocurridos en el pozo minero propiedad de la empresa minera “El Pinabete” S.A de C.V.
El derrumbe que provocó la tragedia que tiene a 10 hombres bajo tierra ocurrió el 3 de agosto y hasta este 4 de septiembre se conoce que existía una investigación abierta en contra de ciertos responsables, de los que no se brindó el nombre.
La FGR aseguró que se giraron ya tres órdenes de aprehensión en contra de igual número de personas, por la probable comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 150 en relación con el 149 de la Ley General de Bienes Nacionales.
Asimismo, confirmó que, desde el 11 de agosto, “se solicitó audiencia judicial en contra de una persona, por su probable responsabilidad en los actos de dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo que es un bien de la Nación, a través de la mina de carbón mineral ‘El Pinabete’, incumpliendo con las obligaciones que la ley le impone a quien realiza ese tipo de actividades”.
A juicio de la fiscalía, se persigue “el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la Nación, previsto y sancionado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales, tratándose de un delito de acción permanente y dolosa, en los términos señalados en el Código Penal Federal, fundamentalmente, en sus artículos 8, 9 y 13”.
De acuerdo con su comunicado, también se acreditó que otras dos personas incurrieron en un delito al permitir “que, de manera ilegal, se realizaran actividades de explotación del carbón mineral en el pozo minero ubicado en la población de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila”.
Según su registro, dichas personas nunca acudieron a la cita judicial que correspondía por lo que se les considera presuntos sospechosos.
Este informe ocurre a unas horas de que las esposas de los mineros atrapados advirtieran durante una ceremonia religiosa en honor a los trabajadores, que no pararán en sus reclamos de justicia.
Antes de que se cumpliera un mes de la tragedia, el Gobierno federal dijo que el rescate de los cuerpos tomaría al menos 11 meses y que para ello haría un tajo a cielo abierto y se colocaría un memorial en la zona.
La decisión causó indignación entre los familiares de los trabajadores, ante la evidencia de que ya no se les buscaría con la esperanza de que estuvieran vivos.
En respuesta, la autoridad acordó un día después con las esposas de los 10 mineros el pago de una indemnización "digna" y una obra de mina a cielo abierto que, se espera, llegue en seis meses a las galerías para rescatar los cuerpos.
Sin embargo, entre las peticiones vigentes, de las esposas y otros familiares, es que el Gobierno identifique y actúe contra el dueño de la mina.
Al respecto la Secretaría de Economía dijo que el predio donde está la explotación de El Pinabete corresponde a la concesión 221087, en una superficie de 25 hectáreas perteneciente a Minera Río Sabinas.
Estaría operada por Compañía Minera El Pinabete, cuyo propietario, según el Registro Público de Comercio, es Rafael García Luna Acuña, con domicilio en San Pedro, Garza García, Nuevo León, relacionado con funcionarios públicos de Tamaulipas y con el gobernador panista saliente del estado, Francisco García Cabeza de Vaca.
La realidad es que, hasta ahora, sólo se sabe de la imputación que se hizo el 11 de agosto en contra de Cristian "S", a quien se le señaló como responsable de la mina y quien es yerno de "El Choco", capataz de esa instalación, pero versiones de los mineros que sobrevivieron al derrumbe negaron que el presunto responsable fuera el verdadero patrón.