Ante la insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de prolongar las tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas hasta 2028, el pasado martes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó una propuesta de “ejercicio participativo” para que la ciudadanía opine en esta materia.
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Sin embargo, de acuerdo con el analista político Ernesto Zavaleta, esta “consulta que no es consulta”, será una acción más de opacidad del gobierno federal que hará retroceder al país más de 30 años.
“Eso es retroceder 30 años, a que la Secretaría de Gobernación se haga cargo de las elecciones y que el INE pase otra vez a ser un Comité Electoral, una Comisión Electoral y que el secretario de Gobernación sea el presidente de esa Comisión, como lo fue el amigo de Morena, (Manuel) Bartlett (en 1988)”, declaró Zavaleta para Vía.Tres.
Sumado a ello, este ejercicio participativo congrega una serie de ilegalidades al no contar con una figura dentro de la Ley de Consulta Popular ni de otro orden dentro de la Secretaría de Gobernación.
“La sola intención que se anuncia, de llevar a la calle un tema como es la Guardia Nacional, relacionado además con las Fuerzas Armadas lo hace ilegal... Una consulta popular se idea como para llevar a la calle, para llevar a los electores un tema que esté fuera de las competencias de seguridad nacional, de presupuesto y de derechos humanos”, señaló.
El especialista recordó algunas consultas populares que se han realizado en este sexenio, como la de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, que con una partición mínima “dio pauta a una decisión que finalmente se tomó”, no por la consulta, sino por el gobierno federal “pretextada más que fundamentada”.
Le sucedieron en condiciones similares, la consulta para llevar a juicio a los expresidentes y la de Ratificación de mandato, ambas con una escasa participación ciudadana, que no alcanzó para hacerlas vinculatorias.
“La marca que sigue a estas consultas populares, primera, que es un gran fracaso, porque ninguna llegó a ser vinculante y segunda, que eran de temas aprobados dentro de la ley; y tercero, que fueron organizadas o supervisadas por el INE; y ninguna de estas características se la podemos observar en este “ejercicio participativo’”, refrendó.
A esta escasa legalidad del ejercicio que está previsto para el 22 de enero de 2023, se suma la opacidad que habrá en su operación, pues además de que no se solicitará la credencial de elector para poder participar, tampoco se ha informado de dónde saldrán los recursos para la impresión de papeletas, la instalación de 69 mil casillas receptoras, la capacitación del personal y el conteo de votos, entre muchos otros temas de operación.
“No son pocos los ejercicios participativos que ha llevado este gobierno con una opacidad aterradora, como el gasto en el Tren Maya, como el gasto en la refinería, como el gasto del Aeropuerto; la misma opacidad se presenta en esto, de dónde van a sacar el dinero, porque todo cuesta, una copia te cuesta un peso, ¿cuántas necesita?”, declaró.
“Nunca he visto un gobierno federal que invente tantas cosas para violar la ley o buscarle recovecos a la misma. Como no se pueden acoger a la Ley de Consulta Popular, pues es un simple truco
Ernesto Zavaleta, analista político
“Cómo vamos a certificar, crean o no en la 4T, que hay un ejercicio participativo transparente si no te piden la credencial para votar, que es el documento que te califica como ciudadano de este país”, opinó Zavaleta.
Asimismo, cuestionó al Comité evaluador de la Segob “sin ninguna calidad moral, sin ninguna calificación electoral, sin ninguna capacitación”.
Ernesto Zavaleta consideró que el ejercicio participativo que plantea el Ejecutivo federal es una herramienta de presión para el Poder Legislativo, toda vez que no aprobó las reformas que extienden la permanencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028, pues estimó que Morena y sus aliados no conseguirán los votos para una segunda votación.
“Hay un conflicto con el Poder Legislativo porque, aunque el Senado diga en sus comisiones -como está más o menos planteado- que en esta semana sale la propuesta de la reforma al decreto para aumentar el tiempo de permanencia de las Fuerzas Armadas, bueno al presidente ya no le importó porque la encuesta va ser en enero. Entonces de plano ya nos está diciendo, saben qué yo me espero hasta ese día para ver si presiono o no otra vez a los senadores o vuelvo a sacar la lista de quienes votaron en contra, lo que también es ilegal”, refirió.
Finalmente, el analista consideró que ésta, como otras acciones que han marcado al gobierno de López Obrador, van encaminadas a perpetuar únicamente la voluntad del presidente, pasando por encima de los poderes Legislativo y Judicial, e incluso del INE.
“Esta consulta es un pretexto autoritario, tiránico. Lo que más daña al país no es el ejercicio participativo, no es el soborno a los senadores, no es la amenaza del Estado contra cualquier persona, es la soberbia, la arrogancia y la abierta intención de imponer su autoridad de lo que sea del presidente. Todos los días en la mañanera nos enteramos de un nuevo paso que nos aleja del Estado de Derecho”, concluyó.