Un juez federal ordenó detener a funcionarios de la administración del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por supuestos vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos, grupo vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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Como parte de las 84 órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General de la República (FGR) el 19 de agosto pasado en el caso Ayotzinapa, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santés, emitió mandamientos de captura contra Iñaki Blanco, exprocurador General de Guerrero, y Leonardo Octavio Vázquez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, por delincuencia organizada.
Asimismo contra Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia local (TSJG) por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada; así como en contra del ingeniero en sistemas de cómputo, Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, programador analista, ambos del mismo tribunal.
Asimismo, el juez ordenó detener a César Nava González, exjefe de la Policía de Cocula, por desaparición forzada y delincuencia organizada, y Francisco Salgado Valladares, exsubdirector de la Policía de Iguala, por delincuencia organizada.