Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, estuvo presente en una reunión organizada por el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en la que se construyó la denominada “verdad histórica” sobre la desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, según lo expuso Lidia Bustamante, fiscal encargada del caso.
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Como parte de los elementos de prueba que presentó para acreditar el delito de tortura contra Murillo Karam, la fiscal describió que en esa reunión participaron altos mandos de la entonces Policía Federal (PF) y de Procuraduría General de la República (PGR).
“En la reunión, realizada en Iguala, habrían participado, entre otros, Omar García Harfuch, hoy Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y en aquel momento delegado de la extinta Policía Federal en Guerrero”, aseveró.
El encuentro ocurrió el 7 de octubre de 2014, en Iguala Guerrero y además de Murillo Karam y García Harfuch estuvieron presentes: el excoordinador antisecuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien actualmente está prófugo; el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio; el exdirector de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta; y el exdelegado de la PGR en el estado de Guerrero, José Luis Martinez Pérez.
La FGR reveló también que Bernardo Cano Muñozcano, exsecretario particular de Tomás Zeron de Lucio y quien se acogió a un criterio de oportunidad fue quien reveló los detalles del encuentro, pues él mismo grabó los videos en los que se aprecia la tortura de cuatro presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, que fueron detenidos por el caso y obligados a una confesión.
Aunque el testigo afirmó que estuvo presente durante el día del “cónclave” donde se ideó el montaje para construir la “verdad histórica” también aseguró que cuando llegó el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, les pidieron retirarse.
En la acusación por tortura que pesa contra el exprocurador, se acreditaron a cuatro personas como presuntas víctimas, mientras que los abogados Javier López García y Antonio López Ramírez, serán los encargados de la defensa del extitular de la PGR.