Colectivos feministas pedirán este miércoles la renuncia inmediata de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, quien promovió una acción de inconstitucionalidad que favorece a morosos de pensión alimenticia, lo que les permite acceder a puestos de elección popular.
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El pasado 7 de julio la CNDH promovió una Acción de Inconstitucionalidad (AI) contra la reforma a las leyes de la Comisión de Derechos Humanos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Código de Administración Pública, todas del Estado de Yucatán, en las que se establece como un requisito para cualquier ciudadano que aspire ser candidato estar al corriente en los pagos de pensión alimentaria.
Sin embargo, el 12 de agosto entró en vigor la “Ley 3 de 3 contra la violencia” en el estado de Yucatán, al publicarse en el Diario Oficial del Estado el decreto 543/2022 por el que reforman la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de violencia de género y deudores alimentarios; luego de su aprobación en Pleno de la Cámara de Diputados local, el 31 de mayo de 2022.
En su petición, la CNDH argumenta que la “3 de 3” “tiene como efecto obstaculizar el ejercicio del derecho a la libertad de trabajo y acceder a un cargo público de aquellas personas que buscan desempeñarse en el servicio público y participar en las contiendas por cargos de elección popular en igualdad de condiciones a las demás, por lo debe declararse su invalidez”.
Además, señaló que es pertinente “reflexionar sobre las posturas feministas en un grado extremo contra viejos machismos. “En las condiciones actuales, en las que posturas radicales sexistas confrontan a la sociedad e incluso reproducen patrones de violencia como solución a la violencia, es necesario abordar el tema de la violencia en las familias de manera integral y responsable. Es decir, desde los derechos humanos, que son para todas y todos.
La iniciativa “3 de 3” establece que no podrá acceder a un cargo público aquellos deudores alimentarios o que tengan antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio. Iniciativa impulsada por el colectivo Las Constituyentes MX desde 2020.
De acuerdo con la activista Patricia Olamendi, sólo dos de cada 10 niños reciben pensión alimenticia en el país. Además, 10 millones de hogares son sostenidos por una mujer.
En este marco, colectivos como Brujas del Mar, Nosotras Tenemos Otros Datos, Las Constituyentes Feministas, Red Nacional de Alertistas, Red por ti, por mí, por todas, Aquelarre Materna, Mujer Sola, Rebeldes con Causa y La Manada, emprenderán la solicitud formal ante el Senado de la República, al exponer su extrañeza ante el posicionamiento de la CNDH, pues contrario a anteponer el derecho superior de la niñez, se está inclinando por los deudores alimentarios.
“Es inadmisible que la CNDH en el análisis que hace, no advierta relación alguna entre las reformas aprobadas, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el principio del Interés Superior de la Niñez, inscrito en la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez de la que México es Parte, principio que está por encima de cualquier otro y no admite norma en contrario, de lo que establece el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que armoniza la Convención a nivel nacional”. señalaron.
Las inconformes, también pedirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmar la constitucionalidad de las reformas impugnadas por la presidenta de la CNDH.
Actualmente, en el Estado de México, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco y Yucatán ya se exige como requisito para ocupar un cargo en la administración pública local, no ser persona alimenticia morosa.
Bajo este esquema, las activistas criticaron la “ignorancia” de la ombudsperson, toda vez que en los comicios de 2021 el Consejo General del INE emitió los lineamientos de la Declaración “3 de 3 contra la violencia”, los cuales fueron aprobados unánimemente y apoyados por todos los partidos políticos.
El colectivo Rebeldes Con Causa, a través de un pronunciamiento del 14 de agosto, exigió a la Comisión Permanente, llamar a comparecer a Piedra Ibarra para que “explique la grave omisión en sus responsabilidades al presentar dos acciones de inconstitucionalidad que atentan contra el principio del interés superior de la niñez”.
Asimismo, pidió a la Cámara de Diputados aprobar la reforma constitucional denominada “3 de 3” que ya fue presentada; en tanto que al Senado de la República solicitó “hacer una evaluación de las graves omisiones de la CNDH y, en su caso, proceda a la destitución de su titular y el nombramiento de otra persona que garantice la independencia de dicha institución”.