APRO.- El defensor comunitario y representante de 128 familias desplazadas de la comunidad indígena de Guadalupe de Victoria, Crispín Reyes Pablo, fue asesinado este jueves 14 de julio alrededor de las 2 de la tarde en un paraje cercano a la comunidad de Juquila Mixes, frente al Cerro Pelón.
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Así lo denunció el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Maurilio Santiago Reyes, y el agente municipal de Guadalupe Victoria, Juquila Mixes, Artemio Aragón Flores, ante el silencio de la Fiscalía General de Oaxaca, que no le ha merecido ningún comunicado o postura.
Con el crimen del defensor de derechos humanos, Crispín Reyes Pablo, de 60 años de edad, suman 10 los asesinatos de personas defensoras y activistas, registradas en Oaxaca de enero de 2019 hasta el primer semestre de 2022, confirmó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Aunado a que se encuentra abiertos dos expedientes por la desaparición de las defensoras Claudia Uruchurtu e Irma Galindo.
El ombudsman Bernardo Rodríguez Alamilla condenó el crimen del defensor Crispín Reyes Pablo, quien antes fue agente municipal de la comunidad indígena mixe de Guadalupe Victoria, donde un grupo armado desplazó a 128 familias desde hace cinco años.
A través del expediente DDHPO/CA/0238/(14)/OAX/2022, la defensoría solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado implementar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas, a fin de garantizar su integridad, además de pedir información sobre la carpeta de investigación iniciada.
Así también, requirió a la Secretaría de Seguridad Pública llevar a cabo recorridos de vigilancia en la zona en conflicto, para evitar la repetición de estos hechos, o cualquier otro de violencia.
La Defensoría informó que personal del organismo estableció contacto con la familia del defensor comunitario, para ofrecerles acompañamiento ante las diversas instancias de procuración y administración de justicia.
La DDHPO señaló que entre enero de 2015 y hasta el primer semestre de este 2022, ha iniciado 272 indagatorias relacionadas con agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos, de las cuales, el 32 por ciento tienen que ver con detenciones arbitrarias.
Tanto la defensoría como el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas exigieron que se investigue y castigue a los responsables del homicidio del defensor comunitario de derechos humanos Crispín Reyes Pablo.
Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a través de sus redes sociales emitió un pronunciamiento en el que condenó el homicidio, envió condolencias a los familiares y exigió a las autoridades que se investigue el caso.