El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que 16 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbuam, sí incurrieron en delitos electorales al promover el proceso de revocación de mandato del presidente And´res Manuel López Obrador, celebrado el pasado 10 de abril.
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Con mayoría de cuatro votos, la Sala Superior violaron el principio de paridad con la difusión de un desplegado a favor del primer mandatario, así como por la publicación de 98 publicaciones vía Twitter donde enarbolaban los resultados del actual gobierno.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña presentó un proyecto en el que planteaba que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitiera una especie de lista negra a modo de amonestación, en la que se pudieran identificar a estos funcionarios y con ello retirar el “modo honesto de vivir”, que es un requisito constitucional para ser candidato.
Sin embargo este proyecto fue rechazado con los votos en contra de los magistrados José Luis Vargas, Mónica Soto e Indalfer Infante Gonzales quienes estimaron que el TEPJF no tiene facultades para determinar una “muerte política” y limitar las aspiraciones a un cargo de elección popular.
En el proyecto se establece que hubo 98 violaciones al proceso electoral, de ellas 15 fueron cometidas por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México; 13 del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; 10 de Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas; 10 del mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha; nueve de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; y otras nueve de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.
También figuran: Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Carlos Manuel Merino, de Tabasco; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; Cuitláhuac García, de Veracruz; Indira Vizcaíno, de Colima; Evelyn Salgado, de Guerrero; Miguel Barbosa, de Puebla; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; y Layda Sansores, de Campeche.