Marko Cortés, presidente del PAN; Alejandro Moreno, del PRI; y Jesús Zambrano, del PRD, que encabezan la coalición Va por México anunciaron un bloque al que llamaron moratoria constitucional, que pretende impedir el paso a las reformas a la ley que sugiera el presidente y Morena.
Ello significará de principio que no pasaría la Reforma Electoral enviada por el jefe del Ejecutivo y que busca recortes y modificaciones al INE, eliminación de órganos electorales locales y recortes al dinero de los partidos políticos.
Sobre la mesa están otras leyes e iniciativas de peso que harían la diferencia en el rango de acción del actual gobierno, como la reforma militar. Sobre ello, el jefe del Ejecutivo ya reiteró en varias ocasiones que la Guardia Nacional, debe estar subordinada a la Defensa Nacional, y advirtió que enviaría una reforma constitucional al Congreso de la Unión para revertir su carácter civil.
“Este gobierno se ha dedicado a atacar y destruir programas, obras e instituciones por el capricho autoritario. Como ejemplo de lo anterior, violaron la Constitución al no respetar que la Guardia Nacional fuera encabezada por un civil”, dice el documento que sustenta este mecanismo de la moratoria.
Están también en la antesala de la discusión parlamentaria la Ley General contra el Feminicidio que, ante la realidad de ese delito, que deja 10 víctimas al día, bien pudiera resultar contraproducente no llegar a un trato sobre el tema.
No obstante en la exposición de motivos de la coalición partidista se reclama que “a pesar de que en los procesos de reforma ya aprobados, se generaron compromisos públicos para procurar que el desarrollo institucional del país continúe bajo las premisas y principios democráticos de pluralidad, tolerancia e inclusión, la actitud del gobierno federal y de su grupo parlamentario ha sido de desconocer, faltar a la palabra e imponer e incurrir incluso en fraude a la ley”.
Dentro de los pendientes que tiene la Cámara de Diputados también está considerada la discusión y aprobación de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, dos medidas cautelares que se usan a discreción y que harían la diferencia en los procesos judiciales.
A detalle, los líderes de la alianza dijeron que legisladores que presidan y participen en los órganos de Gobierno, así como en las comisiones o grupos de trabajo, participarán sólo en términos estrictamente indispensables e institucionales para seguir el trámite al proceso legislativo.
A cambio, se comprometieron a impulsar iniciativas para la legislación secundaria que mejoren rubros de salud, economía y seguridad para los mexicanos.