Nunca en la historia del país se ha podido tener acceso a un registro claro de adopciones, lo que deja a miles de menores en el desamparo y fuera de toda protección social. El caso más reciente de irregularidad y opacidad en la materia lo protagonizaron este miércoles Julia Isabel N. y Omar N., detenidos en la Fiscalía de Puebla por tratar de realizar el trámite de adopción de un menor de 5 años reportado como desaparecido en Veracruz.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizó un censo en 2015 en el que registró más de 24 mil niños viviendo en instituciones especializadas para menores de edad, y hasta 30 mil en distintos lugares que no son una casa familiar.
El procurador de la niñez, Oliver Castañeda, reportó recientemente que en el Registro Nacional de Centros de Asistencia tienen alrededor de 17 mil niñas y niños en 750 instituciones; pero cuando el organismo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) buscó el detalle, sólo había información de 152 centros.
“¿30 mil o 17 mil? ¿Cuántas adopciones se dan al año? Pues hay todavía menos claridad. Tomemos el año 2021. La página de datos abiertos del gobierno dice que sólo se concluyeron 10 adopciones. Pero ese registro es nada más del DIF federal; es decir, las que se tramitaron en casas hogar que administra ese nivel de gobierno, sin incluir las de oficinas estatales”, dice la investigación de la Organización.
Según sus datos, tras varias peticiones de información, apenas se empezó a hacer un registro nacional, que solo tiene datos provisionales. “La única información pública es una infografía en la que se dice que en 2021 hubo 67 adopciones concluidas; sigue sin ser mucho, pero 23 de 32 estados aparecen en ceros, lo que quiere decir que dos tercios del país no le han entregado al DIF federal la información”.
El caso de Puebla es sintomático de la realidad de la adopción en el país. Al ser detenida la pareja afirmó que, desde hace más de un año, habían recibido por escrito los derechos del niño por parte de su madre, procedimiento que no está contenido en ninguna legislación como válido para un proceso como ese.
Pero la madre recientemente denunció la desaparición del menor, por lo que se activó la Alerta Amber en Veracruz.
Julia Isabel N. y Omar N., que dicen haber hecho el acuerdo con la madre del pequeño, vivían con él en una casa de la colonia Santa Cruz Buenavista en Puebla, lugar al que la Fiscalía de Puebla arribó por el niño para posteriormente aprehenderlos. Ahora se les procesará por tráfico de menor atenuado.
Juan Martín Pérez, activista por los derechos de la niñez desde hace tres décadas y actual coordinador de Tejiendo Redes Infancia, aseguró para Vía.Tres que situaciones como las de Julia Isabel y Omar se repiten cada semana, “un indicador del nivel de corrupción y de crimen que rodea la adopción es precisamente la ausencia de datos; el negocio se prioriza sobre la acción institucional”.
Aunque los detenidos no especificaron haber hecho algún pago para la madre del menor, es muy frecuente que en casos así se repita el escenario. “El universo de adopción ilegal en nuestro país es inmenso, incalculable, porque es un gran negocio. Y entre más oculto, mejor negocio, ¿no?”, dijo el activista.
María Matilde Luna, directora de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar colaborando con el gobierno de la Ciudad de México, entrevistada por Mexicanos Unidos, refiere que hubo 46 adopciones en 2021, aunque por petición de Transparencia el DIF capitalino reportó sólo dos. “Porque nunca ha habido registros, y menos uno centralizado”, aclara.
El procurador del DIF lo confirma: “Desde hace un par de años diseñamos los registros de las bases de datos administrativas en donde se debe capturar esa información. Ahorita estamos en proceso de captura de la información por parte de todas las entidades federativas”.
Castañeda admite que “solamente vamos a obtener la información de aquellos en donde intervinieron las Procuradurías de Protección”.
La clave del problema está justo ahí, en que los DIF municipales y estatales no le brindan información y certeza al DIF nacional, pese a que tiene una oficina en cada una de las 32 entidades y otra en cada uno de los casi 2 mil 500 municipios de México.
El registro de Inegi más reciente es el de 2015, pero este 2022 la ONU hace otra evaluación en la materia y los datos que México envió en su informe fueron sólo los de adopciones federales.
Esa opacidad en los datos y procesos dan pie a lo que ocurrió en Nuevo León a principios de año, cuando Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, se llevó a un bebé de una casa hogar del DIF un fin de semana y luego lo regresó.
Se supo del caso porque ella misma lo exhibió en decenas de fotos en su Instagram, y se hizo un escándalo público, pero es un caso que se repite con más frecuencia de lo que se conoce.
El caso más grave documentado ocurrió en Sonora en el sexenio de 2009 a 2015. Las investigaciones de las entonces Procuradurías de Justicia del Estado y de la General de la República, la PGR, demostraron que se había formado una red de traficantes dentro del gobierno. Le quitaban los bebés recién nacidos a mujeres en situaciones vulnerables y se los daban a parejas que pagaban hasta 150 mil pesos por ellos.
“Desde el hospital y luego en el registro civil, otros funcionarios omitían quién era la madre biológica y registraban a los recién nacidos como hijos de quienes hubieran pagado. Un tipo de adopción totalmente ilegal”, recalca MCCI.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, también investigó el caso y en 2017 emitió la recomendación 9VG, en la que confirmó que al menos 22 niños fueron vendidos. Alertó que el DIF no acreditó el destino final de 682 menores de edad que pasaron bajo su resguardo en algún momento del sexenio.
En 2018 Unicef retomó esas recomendaciones en un informe y las volvió a hacer.Hasta lamentó que “los datos proporcionados por el gobierno se han limitado a los procesos a nivel federal, ya que no existe una recopilación sistemática”.
Inmenso el universo de adopción ilegal en el país; “entre más oculto mejor negocio”
Falta claridad en los números de menores en centros de resguardo y en los datos de los que han sido dados en adopción; dejan a miles de niños en total desamparo
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