Durante los dos últimos años, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, presidida de manera honoraria por Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tenido un incremento en presupuesto de 184%; esto para realizar actividades que antes eran coordinadas y operadas por la Secretaría de Cultura federal.
De acuerdo con la revisión al presupuesto de 2020, esa coordinación, dependiente de la Presidencia, recibió en su primer año 11 millones 528 mil 110 pesos; pero para este 2022 el dinero que le fue asignado ascendió a 32 millones 830 mil 325 pesos, de los cuales 31 millones 893 mil 561 pesos se ocuparían en servicios personales y el resto, 936 mil 864 pesos, en servicios generales.
En cuanto a las actividades que ha desarrollado esa oficina se reportan, desde su inicio, la “coordinación de esfuerzos con los estados y el Ejecutivo para preservar y difundir la memoria histórica del país”.
No obstante, en el texto oficial de la misión de la Secretaría de Cultura federal se establece que “es la institución encargada de preservar de forma integral el patrimonio cultural de la Nación en sus diversas manifestaciones artísticas y culturales, así como estimular los programas orientados a la creación, desarrollo y esparcimiento de las mismas”.
Hasta ahora, las actividades de la coordinación han sido manifestadas en los informes presidenciales, además de en la actividad pública de Gutiérrez Müller, que ha realizado giras por Europa y Latinoamérica con propósitos de recuperación histórica. No obstante, se desconoce en específico el destino del recurso para los programas y proyectos.
De acuerdo con un decreto publicado el pasado 5 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el organismo donde trabaja Gutiérrez Müller ahora desaparecerá como como Unidad de Apoyo Técnico del Poder Ejecutivo y será transferida al Archivo General de la Nación (AGN).
Con ese decreto se modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se elimina la fracción III del Artículo 8, que concedía a la Oficina de la Presidencia de la República la función de "difundir y proyectar el derecho a la memoria de la Nación, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal".
Con estos cambios, ahora la Oficina de la Presidencia y el AGN "deberán llevar a cabo los actos necesarios para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México en un plazo máximo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto", por lo cual no se autorizan ampliaciones presupuestales.
El decreto obedeció a una iniciativa de las cámaras de Diputados y de Senadores, presentada por Hirepan Maya, Diego del Bosque y Moisés Mier, de Morena, en 2019. En tanto, el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto, se dio en el Senado de la República el pasado 16 de febrero.