De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, para enero de 2022 se reportó que existen en México 12 mil 611 mujeres privadas de la libertad, de las cuales aproximadamente 11 mil son madres.
De ese universo, 255 mujeres viven con sus hijas e hijos dentro de los centros penitenciarios; en específico, hay al menos 750 menores que forman parte de la población penitenciaria.
“Las mujeres privadas de la libertad, madres con hijos dentro o fuera del centro penitenciario, sufren un estigma y olvido de sus círculos cercanos, recibiendo un doble castigo por no cumplir con los roles sociales establecidos para ellas. El Estado no puede continuar perpetuando y legitimando este abandono”, refirió el cuerpo asesor de la asociación civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal).
Por su parte, la organización Reinserta especificó que esos niños sólo están por un corto tiempo en contacto con sus madres, pues los menores se van de la cárcel a los tres años, de acuerdo con lo que estipula la Ley Nacional de Ejecución Penal.
“Son los únicos años que las mamás tienen para estar con sus bebés, queremos que ellas valoren y aprovechen este tiempo con sus hijos”, explicó el organismo.
La pandemia dejó a la población carcelaria en el último sitio de importancia. Al respecto, el equipo jurídico de Asílegal explicó que el contexto sanitario “se convirtió en el pretexto perfecto de las autoridades penitenciarias para privilegiar una supuesta seguridad de los centros y hacer a un lado su obligación de garantizar los derechos de las mujeres que se encontraban con hijos bajo su tutela”.
La abogada vocera del organismo, Marcela Lucas González, reveló que en estos dos años “muchas mujeres madres fueron separadas de sus hijos y obligadas a entregarlos a sus familiares en libertad o, en ausencia de estos, al DIF. Esto representó una grave violación de derechos humanos y un retroceso al reconocimiento de su derecho a la maternidad”.
Ante este escenario, el equipo de abogados instó a las autoridades de todos los niveles de gobierno a garantizar los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad, “a no cerrar los ojos ante esta crisis. Urge que el Estado mexicano aplique las reglas Bangkok, pues en ellas está contemplado que el régimen penitenciario permitirá reaccionar con flexibilidad ante las mujeres embarazadas, lactantes y mujeres con hijos, se habilitarán servicios o disposiciones para el cuidado del niño”.