APRO.- Con más de 30 años en la atención a víctimas de violencia sexual, la especialista Laura Martínez Rodríguez vive en constante ajetreo. Como fundadora y directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C. (Adivac), se mantiene al tanto del trato que se da a las personas que semanalmente acuden a este espacio, así como de los informes y reportes que autoridades de procuración y administración de justicia le solicitan a la organización.
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“Cada semana nos llegan en promedio entre tres y cuatro oficios, todos urgentes, sobre evaluaciones de víctimas, o solicitudes de tribunales familiares para dar tratamiento a niños y niñas para restablecer vínculos con sus progenitores, que muchas veces son quienes abusaron de ellos, lo que nos parece aberrante”, dice la experta.
En su larga trayectoria de apoyo a víctimas de violencia sexual, Martínez Rodríguez advierte que, sobre todo en el caso de niños, los integrantes del Poder Judicial en los estados “siguen en la época de las cavernas”, pues desconocen estándares y tratados internacionales para erradicar la violencia y discriminación hacia las mujeres, así como los derechos de los infantes.
Adivac atiende semanalmente a unas 400 personas, de las cuales 30% son niñas, niños y adolescentes. Muchos de ellos han sido víctimas de sus progenitores, contra quienes sus madres han peleado “hasta 11 años en los tribunales y hemos visto casos en los que los jueces de lo familiar dieron los niños a sus agresores, lo que es parte del pacto patriarcal”.
En la memoria de Laura Martínez hay un lugar especial para Mireya Agraz, mujer que se suicidó junto con sus hijos en junio de 2017, cuando perdió la patria potestad de sus hijos ante su agresor, por considerar que los niños habían sido víctimas de alienación parental por parte de Mireya, es decir, que ella manipulaba a sus hijos para que acusaran a su papá de abuso sexual.
En ese caso, Adivac participó y en todo momento consideró ante tribunales la inconveniencia de que los pequeños fueran entregados a su progenitor por ser su agresor sexual.
“Como el caso de Mireya hay muchos –lamenta la especialista–. Aunque en la Ciudad de México se derogó en el Código Civil la alienación parental, que no tiene sustento científico, se sigue cuestionando a las madres, cuando en temas de abuso los niños no mienten. El mismo sistema sigue generando, alimentando la impunidad y que los agresores sexuales digan: ‘No van a hacer nada’, empezando lo que implica iniciar una averiguación.”
Entre las prácticas de agentes ministeriales están llamar a declarar a los menores violentados, contra lo que dice la Ley General de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes; la utilización de Bosty, un títere animado detrás del que hay un psicólogo, “que no tiene sustento científico”, o desestimar denuncias bajo el argumento de que el acusado no tiene perfil de agresor sexual, “cuando esa figura legal para estos casos no existe”.
“He escuchado que los agentes del Ministerio Público le preguntan a un niño: ‘¿Ratificas o no ratificas la declaración?’, después de que sacan a la mamá y al papá, lo dejan solito con un tipo que ejerce su autoridad y que no sabe cómo tratar a un niño. Los niños se asustan”, destaca la directora de Adivac.
Con base en su trabajo cotidiano, Martínez también alerta de un incremento de la violencia sexual contra la niñez, pero admite que hasta ahora es un tema que carece de datos estadísticos; hasta el momento hay algunos acercamientos para documentar el abuso sexual en México, pero no con detalle.
Por ejemplo, en 2016 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) presentó el Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual a México, en el que menciona que de 2010 y 2015 se habrían cometido 2 millones 996 mil 180 delitos sexuales en el país, lo que equivale a unos 600 mil al año.
El cálculo del Comité de Violencia Sexual de la CEAV se basó en los reportes de 83 mil 463 averiguaciones previas por delitos sexuales, proporcionados por 15 procuradurías estatales y la entonces Procuraduría General de la República sobre ese quinquenio, y las consideraciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública de 2014, de que 98.5% de los delitos sexuales no son denunciados por las víctimas.
“De lo anterior, la cifra negra de delitos sexuales en el quinquenio en estudio se puede estimar en 1 millón 414 mil 627, en la mitad de las entidades federativas. Si esta cifra se multiplica por dos, se puede señalar que el total de delitos sexuales cometidos en el país durante el periodo 2010-2015 fue de 2 millones 996 mil 180, esto es, casi 600 mil delitos sexuales anualmente”, concluye el informe.