Después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Arturo Zaldívar, en el caso de Alejandra Cuevas, Laura Morán y Federico Gertz, la pregunta es ¿cuál será la sanción para las autoridades de la Ciudad de México que se prestaron a inventar un delito?
Apenas este lunes, tras la liberación de Alejandra, la Fiscalía de la CDMX, de Ernestina Godoy, publicó una tarjeta en la que aseguró ser “autónoma, no obedece a intereses personales, no fabrica culpables ni delitos, ni genera acuerdos al margen de la Ley”, lo que de inmediato fue cuestionado en redes sociales por los hijos de la imputada; pues fue ese órgano el que reabrió el caso y se la llevó presa a pesar de que contaba con un amparo.
En cuanto al Tribunal Superior de Justicia capitalino, de Rafael Guerra, ha prevalecido el silencio. La razón podría ser que el propio presidente tenía conocimiento de la debilidad de las acusaciones, las reconoció frente Ana Paula, Alonso y Gonzalo Castillo Cuevas y, aun así, se quedó de brazos cruzados ante lo que la Corte ya calificó como una ilegalidad.