Aunque está planteada su conclusión para el año 2023, el Tren Maya registra apenas un avance de construcción de 25%, con corte a 2021; esto según lo reportó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con el proyecto inicial, su costo sería de 120 mil millones de pesos; no obstante Hacienda reportó el año pasado que se gastarían 167 mil millones de pesos.
Un análisis de Fonatur, entregado en 2020 refería una inversión de 189 mil millones de pesos, pero el exdirector de ese organismo Rogelio Jiménez Pons reveló que el Tren costaría 230 mil millones de pesos al concluirse.
Según el propio documento del proyecto ejecutivo del Tren, publicado en 2021, el costo actual también difiere del monto inicial.
“Los costos del Proyecto correspondientes a la infraestructura férrea, material rodante y señalización ascienden a $125.4 mil mdp sin incluir IVA. Adicionalmente, en el monto de inversión se han incluido costos asociados al desarrollo del Proyecto tales como $0.6 mil mdp correspondientes a la adquisición del derecho de vía y $8.5 mil mdp sin IVA correspondientes a las adecuaciones a la autopista”.
“El tramo Mérida-Cancún que compartirá derecho de vía con el Tramo 4 (Izamal-Cancún) del Proyecto. Por tanto, el monto total de inversión asciende a $134.6 mil mdp más el IVA correspondiente de $21.4 mil mdp, lo que equivale a $156.0 mil mdp. En este monto no se considera la adquisición de material rodante adicional prevista para los años 2033 y 2043, a fin de cubrir el aumento de demanda del Proyecto que asciende a un total de 7.1 mil millones de pesos”, dice el documento.
En un apartado sobre el costo beneficio del proyecto, el texto expone que “una vez analizados los costos y beneficios del Proyecto Tren Maya, se concluye que el Proyecto es socialmente rentable dado que el Valor Presente Neto (VPN) es positivo, equivalente a $189.9 mil millones de pesos y cuenta con una Tasa Interna de Retorno Social (TIR Social) 19.6%”.
A las disparidades en costo hay que sumar las observaciones que se han hecho en la Cuenta Pública de 2019 y 2020 por parte de la Auditoría Superior de la Federación. En 2019, la ASF reclamó que la autoridad encargada del Tren “no acreditó tener un modelo financiero y proyecto ejecutivo para identificar las obras y servicios que necesitaría el Tren Maya”.
Asimismo, Fonatur no concluyó estudios de factibilidad, técnica y ambiental ni calculó bien la demanda de pasajeros y de carga. De acuerdo con esa revisión de 2019, entre las observaciones, algunas sin ser solventadas aún, se refiere que la autoridad responsable “no elaboró un programa regional para identificar qué objetivos iba a cumplir”.
También reclamó que Fonatur no se coordinó con la Secretaría de Bienestar, con la Secretaría de Turismo o con gobiernos locales para medir el impacto social y económico en la región, y que la población “no fue debidamente consultada”.
En cuanto al reclamo que en fechas recientes se ha emitido por parte de actores y activistas respecto al daño ambiental del proyecto, con la campaña denominada “Selvame del Tren”, desde la Cuenta Pública 2019 se observó que Fonatur no determinó los daños al medio ambiente que tendría el Tren Maya. “No contrató estudios de impacto ambiental, o incluyó costos para mitigar el impacto ambiental”, dice el documento de ese momento.
En cuanto al impactó económico y de ordenamiento territorial, ASF observó en ese mismo año que la autoridad “no demostró la ordenación territorial de centros de población, ciudades y zonas metropolitanas dentro del área de influencia del proyecto, tampoco demostró que los supuestos polos de desarrollo se hayan planeado con criterios sustentables”.
En 2020, la Auditoría Superior de la Federación volvió a determinar que el proyecto del Tren Maya presentó irregularidades por más de mil 161 millones de pesos.
En el documento de ese momento se reclamó que había sobrecostos para proyectos ejecutivos, gastos no reportados, gastos sin cumplir la normativa presupuestal, además de pagar indemnizaciones sin justificación.