El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, solicitó su regreso como senador luego de tres años de ausencia, pues el 6 de diciembre de 2018 pidió licencia para contender por la gubernatura de dicha entidad.
Bonilla, quien sale de su mandato con acusaciones de peculado, envió una carta el 25 de marzo a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, para notificarle su regreso.
“Me dirijo a usted para hacerle conocer mi determinación de reincorporarme, a partir de esta fecha, a las actividades legislativas que me corresponden como senador de la República”, expresó el senador con licencia. También solicitó a Sánchez Cordero que se giren las instrucciones correspondientes para su reincorporación.
Bonilla fue gobernador de Baja California desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2021 y durante ese tiempo lo suplió en su escaño Gerardo Novelo Osuna.
A Novelo, el grupo parlamentario de Morena le comunicó que a partir de mañana 28 de marzo dejará de desempeñar su función como integrante del Senado.
Novelo publicó en sus redes sociales que en estos tres años desarrolló un arduo trabajo legislativo, pues junto con su equipo logró una alta productividad y eficiencia legislativa.
Regresar al Senado le permitirá a Bonilla tener fuero, lo que le permitiría sortear las denuncias que pesen en su contra y de seis de sus colaboradores, por peculado de 12 mil millones de pesos y otra por irregularidades administrativas, mismas que fueron presentadas ante la Fiscalía General del estado de Baja California y la Secretaría de la Honestidad y de la Función Pública estatal por la actual administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, también de Morena.
Están acusados de concretar ilegalmente un contrato con la empresa Next Energy para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, tarea que es competencia exclusiva de la Federación.
Al morenista también se le recuerda en el estado por haber pretendido expropiar el Club Campestre de Tijuana para hacer un área verde, pero sus propietarios solicitaron amparo de la justicia federal.