Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (de diciembre de 2018 a marzo de 2022), han sido asesinados 57 periodistas; de los cuales ocho formaban parte del Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, un programa que debe ser revisado por el gobierno mexicano, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras.
En octubre de 2020 la Secretaría de Gobernación publicó el informe “Agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, que daba cuenta de 47 periodistas asesinados en el gobierno de López Obrador.
Ese año, después del informe, se agregaron dos asesinatos, los de Fredy López Arévalo el 28 de octubre, en Chiapas, y el de Alfredo Cardoso Echeverría, el 31 de octubre, en Guerrero.
En lo que va de 2022 ocho periodistas más engrosaron el listado: José Luis Gamboa; Margarito Martínez; Lourdes Maldonado; Roberto Toledo en Zitácuaro; Heber López en Salina Cruz; Jorge Camero, Juan Carlos Muñiz y Armando Linares, quien fue asesinado este martes en Michoacán.
El caso de los periodistas asesinados en 2022 es relevante ya que en sólo tres meses se rebasó el total de los homicidios de comunicadores de 2021, cuando se documentaron siete periodistas.
De los 57 periodistas asesinados en todo el gobierno, ocho formaban parte del mecanismo de protección que, según el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, “funciona a pesar de sus limitaciones”.
Durante el Encuentro Nacional de Periodistas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el subsecretario afirmó que algunos de los periodistas asesinados que tenían la protección perdieron la vida porque “no cumplieron con los protocolos de seguridad”.
En contraste, la organización Reporteros sin Fronteras, en el informe “Bajo riesgo: cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina”, presentado en febrero de 2022, afirmó que los mecanismos creados para proteger al gremio periodístico en México son insuficientes.
El organismo consideró necesario involucrar a otras instituciones para fortalecer la prevención de la violencia contra la prensa y garantizar la responsabilidad judicial cuando ocurren estos crímenes.
Asimismo, este miércoles la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, se pronunció porque se revise el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y porque se evalúe su eficacia, con el objetivo de generar condiciones para el ejercicio periodístico sin riesgos y con la garantía de la salvaguarda a la vida, la integridad y la seguridad de los comunicadores.
También se pide mayor atención a los estados en donde se concentran los asesinatos de periodistas: 57% de estos ocurrieron en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, de acuerdo con el informe de Segob.
Sin embargo, de los ocho asesinatos de este año, dos han sido en Baja California y dos más en Michoacán.
El informe de Segob también destaca que el perfil de quienes agreden a los periodistas en México es: 43% servidores públicos y 33% miembros de la delincuencia organizada.