Este martes, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, exgobernador de Nuevo León, llegó detenido al Penal 2 de Apodaca por presuntamente haber utilizado recursos de la administración estatal para financiar la obtención de firmas para su candidatura presidencial en 2018; sin embargo, éste no es el único señalamiento por supuesta corrupción que pesa sobre el también empresario.
El político que en su candidatura presidencial prometió “mochar las manos a quien robe del servicio público”, ha sido señalado de favorecer con dinero público a familiares como su suegra.
María Teresa Martínez Galván, quien trabajaba en la Secretaría de Seguridad estatal, en menos de dos años (durante la administración de Rodríguez) consiguió que su salario incrementara hasta en un 144%, al pasar de 28 mil 789 pesos a 70 mil 236.
“Yo no la contraté, quiero decirlo muy claro. Tiene 24 años de servicio en el gobierno y yo no decido los salarios de gobierno, ni siquiera el mío. Finalmente, no está violando ninguna ley. Si la viola, aunque sea mi suegra, tendrá consecuencias”, dijo el entonces gobernador, el 27 de junio de 2019.
A pesar de que el exmandatario estatal se desligó del caso, la Fiscalía Anticorrupción abrió una carpeta de investigación contra su suegra, por el presunto delito de peculado.
Ya con el gobierno de Samuel García se han difundido diferentes actos de posible corrupción cometidos por el exgobernador Rodríguez Calderón. En febrero pasado, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, Hernán Villareal Rodríguez, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, por irregularidades y probables delitos en la adquisición de vagones usados y remanufacturados en Alemania para la Línea 3 del Metro.
El funcionario explicó que el costo de adquisición y reacondicionamiento fue de mil 128 millones de pesos, y aunque ya se ha erogado el 90% de ese monto, de las 24 unidades que debe remanufacturar y poner en servicio la empresa alemana Talbot en Metrorrey, sólo se han entregado 12 vagones que no se han puesto en operación, ya que no son confiables y no fueron acondicionados según lo requerido para las instalaciones del Metro.
Además, afirmó que la Línea 3 registró un sobrecosto de 113.9%, ya que se proyectó en tres mil 740 millones de pesos y tuvo un costo final en infraestructura de siete mil 999 millones de pesos, además de que hay reclamos de empresas que participaron en la construcción por pagos no realizados de 621 millones de pesos.
Otro megaproyecto emblema de la administración de Jaime Rodríguez es la presa Libertad, la cual debía estar lista al concluir durante el mandato de “El Bronco”; sin embargo, hasta hoy cuenta con un 34% de avance, por lo que el actual gobernador de Nuevo León prevé imponer sanciones por no avanzar ni la mitad al finalizar la administración anterior.
Samuel García ha afirmado que se revisan “las corruptelas y gastos superfluos” que hubo en la anterior administración en muchas áreas, como el que un secretario tuviera a su servicio nueve camionetas blindadas cuyo arrendamiento se pagaba por hora.
“Imagínense toda la obra que pudo haber hecho (Jaime Rodríguez), ya le dicen ahora El Vaquero, con cuatro mil 200 millones de pesos (por año), que mejor se fueron para hacer ricos a unos cuantos”, expresó Samuel García.
Las ‘Broncofirmas’ que lo llevaron a prisión
Jaime Rodríguez fue detenido por una denuncia impuesta desde 2018 por Samuel García, cuando era diputado de Movimiento Ciudadano, junto a su compañera de partido Maricela Saldivar.
Los delitos imputados en aquella denuncia de junio de 2018 fueron lavado de dinero, esquema de triangulación de recursos, desvío de recursos económicos, técnicos y humanos, fraude, evasión fiscal, compraventa de facturas y defraudación fiscal.
Para agosto de 2019, Samuel García amplió la denuncia ante la Fiscalía Especializada Para la Atención en Delitos Electorales (FEPADE), así como la presentada ante la Fiscalía Anticorrupción. Fue hasta noviembre de 2021 que el actual gobernador aseguró contar con las pruebas suficientes.
Esta denuncia se basa en las donaciones de 15 personas el mismo día, ya que aportaron cada uno 230 mil pesos a la campaña del “Bronco” en 2018 y que, de acuerdo con Samuel García, corresponden a domicilios de zonas marginadas, en muchos casos inexistentes. Hoy se definiría su situación jurídica tras la audiencia inicial ante el juez de control en el Penal 2 de Apodaca.