Liberada ya la Udlap, el proceso judicial que se sigue contra la familia Jenkins, administradora de esa casa de estudios, está por declararse inconstitucional desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pues el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reabrió una carpeta de investigación, en 2020, en la que se había determinado el No Ejercicio de la Penal, porque el Ministerio Público no encontró hechos constitutivos de delito desde el 2018.
Desde entonces, se determinó que fue legal retirar de Puebla los 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins, frente a los intentos del gobierno del extinto Rafael Moreno Valle por apropiarse de esos recursos, mediante la llamada Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada.
El proceso reabierto por el titular de la FGR contra los Jenkins sería violatorio del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y de los artículos 20 y 23 de la Constitución; pues, en México, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. De ahí que la inconstitucionalidad de las acciones del fiscal deberá ser ratificada por el máximo tribunal, donde el ministro Juan Luis González Alcántara hace el análisis de los riesgos que representa volver a abrir carpetas de investigación sin intervención judicial.