A partir de este miércoles 23 de febrero, quienes dañen, perjudiquen, destruyan, interrumpan o pidan dinero en las casetas de peaje podrán ser aprehendidos para pasar desde tres meses y hasta siete años en prisión, o recibirán una multa económica de entre 8 mil 960 pesos y hasta los 44 mil 800 pesos.
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Lo anterior se establece en el acuerdo con el decreto publicado ayer, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que se reformó el primer párrafo del artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
“A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, destaca el párrafo modificado.
Este ajuste se realiza después de que, el 14 de diciembre de 2021, el Senado de la República aprobó el decreto que solicitaba el endurecimiento de las penas y las multas por entorpecer el tráfico en autopistas.
La propuesta llegó al Congreso luego de que el secretario de Comunicaciones y Transportes (STC), Jorge Arganis, revelara que la toma de casetas de peaje por parte de manifestaciones sociales o por grupos de la delincuencia organizada genera pérdidas por 4 mil 121 millones de pesos al año.
Durante 2020 las empresas más afectadas por esas prácticas fueron la particular Ideal, con 2 mil 371 millones de pesos; Fonadin, con mil 526 millones de pesos; Capufe, con 154 millones de pérdidas; RCO, con 62.6 millones, y el Paquete Michoacán, con 5.9 millones de pesos.
De acuerdo con Capufe, un día de protestas, bloqueos o tomas en las casetas de peaje conlleva pérdidas de 4 a 5 millones de pesos.
Como resultado de las acciones para evitar esas pérdidas, el pasado 5 de febrero elementos de la Guardia Nacional y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se enfrentaron en la caseta de cobro de Palo Blanco, en Guerrero, dejando uniformados lesionados y un tráiler dañado.
El acontecimiento motivó el incremento de elementos de la Guardia Nacional en las casetas del estado, bajo el programa Caseta Segura, el cual desde 2020 buscó frenar la toma de casetas; aun así, los bloqueos han continuado.
De acuerdo con Capufe, las casetas de la autopista del Sol han sido tomadas mil 615 veces durante los tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Este lunes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que con el plan Caseta Segura se ha evitado la pérdida de 25 mil 511 millones de pesos en los últimos dos años.
“En esta administración se puso en marcha el plan Caseta Segura, esto con el objetivo de evitar daños al patrimonio del Estado. Se evitó la pérdida de mil 802 millones de pesos durante 2022. De 2020 a febrero de 2022 de más de 25 mil 511 millones de pesos”, indicó Rosa Icela Rodríguez en el informe de Seguridad de la conferencia mañanera.
Pero eso no ha frenado a grupos como el de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa o la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que califican como “criminalización de la protesta” la presencia de elementos de la Guardia Nacional en las carreteras.
La CNTE mantiene sus movilizaciones en Michoacán para exigir el pago de la primera quincena de febrero a profesores federales y estatales que cobran a través del sistema de cheques, incluso han tomado la caseta de cobro de Zinapécuaro, de la autopista México-Guadalajara, una medida que contemplan reforzar si no se cumplen sus exigencias.