Dentro de las revisiones a la Cuenta Pública 2020, las irregularidades más graves reportadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se encontraron en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), donde se determinó un posible daño a las arcas federales por siete mil 892.7 millones de pesos; sin embargo, la mayoría de las recomendaciones hechas son de corte preventivo y correctivo, muy pocas tienen un proceso de resarcimiento del daño o sanciones mayores.
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En el informe consolidado de la Cuenta Pública 2020, de las seis auditorías hechas al Instituto de Salud para el Bienestar, se emitieron 99 acciones, de las cuales 25 fueron Recomendaciones (R), 5 fueron Recomendaciones de Desempeño (RD), 7 fueron Solicitudes de Aclaración (SA), 59 Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) y tan sólo 3 Pliegos de Observaciones (PO).
De acuerdo con las propias reglas del órgano auditor, entre las acciones que emite directamente la ASF, se encuentran las Solicitudes de Aclaración, de las que Insabi presenta sólo siete, pero por casi la totalidad del monto observado, siete mil 884 millones de pesos. Se trata de recomendaciones de corte preventivo, en donde se requiere a la entidad fiscalizada que entregue documentación adicional para atender las observaciones.
De no entregar la información suficiente, la consecuencia para la entidad auditada será la Formulación del Pliego de Observaciones (PO). Los pliegos de observaciones que tiene el Insabi en la Cuenta Pública, que son sólo tres por 8.7 millones de pesos, son de corte correctivo, lo que implica que la ASF “determine en cantidad los daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos”.
En ese caso, la ASF exige argumentos y documentación para con ello hacer el reintegro correspondiente de los daños ejercidos. Para el PO, como sanción se inicia un procedimiento para fincar responsabilidades y el resarcimiento a servidores públicos o particulares.
“El pliego definitivo de responsabilidades determina indemnización correspondiente por daños o perjuicios, estimables en dinero. La indemnización correspondiente se constituye en un crédito fiscal, cuyo cobro efectúa la autoridad competente mediante procedimiento administrativo de ejecución”, dice la ASF.
La mayor observación detectada por la Auditoría se concentró en el concepto de Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), de los cuales Insabi suma 59. En dicho concepto se engloban las promociones o peticiones que hace la ASF ante otras instancias de control, como la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control.
A detalle, destaca lo establecido en la auditoría 240-DS, referente a un “Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social”, el cual recibió 21 sanciones, pese al posible daño al erario por poco más de 5 mil 324 millones de pesos que se establecieron como Solicitud de Aclaración.
También llama la atención lo observado en la auditoría 243-DS, por concepto de “Recursos Destinados a la Atención de la Pandemia por el Virus SARS-CoV2 (COVID19)”, donde el posible daño a la Hacienda pública es de poco más de 2 mil 560 millones de pesos y únicamente la ASF le emite tres Solicitudes de Aclaración, ningún Pliego de Observación y 19 PRAS.
En el informe ejecutivo de la Cuenta Pública 2020, en la tercera entrega, la Auditoría acusa que el Insabi no acreditó la entrega de un millón 50 mil mascarillas KN95, con un costo de 40.5 millones de pesos, ni entregó documentación que comprobara la recepción y distribución de dos mil 250 ventiladores por los que pagó mil 600 millones de pesos.
En general, le reclaman al Insabi adjudicaciones directas irregulares, pagos extra, incumplimiento en tiempos de entrega de equipos y bonos a gente que no trabajaba en áreas de atención relacionadas con la pandemia.
En el marco de todas las observaciones, cabe resaltar que cuando se eliminó el Seguro Popular, en 2019, se planteó que el Insabi lograría reducir el número de población sin acceso a la salud, hasta llegar al 12% del total; no obstante, 2020 cerró con 35.6 millones (28.2%) de personas sin acceso a servicios de salud.