El 5 de noviembre de 2019, la totalidad de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) votaron para aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato; actualmente, esos mismos legisladores, así como gobernadores, funcionarios de todos los niveles y líderes del partido emprendieron una campaña para denunciar censura por la aplicación de esa misma ley.
En plena veda electoral, y luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador había recibido un llamado de atención por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que se abstuviera de hacer promoción de la consulta, ésta ha recaído en otros actores simpatizantes de Morena.
El 13 de febrero, en redes sociales se difundió un comunicado en apoyo del jefe del Ejecutivo, emitido por los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Ante ello, la Comisión de Quejas y denuncias del INE ordenó a los mandatarios suspender la propaganda gubernamental debido a que incumple la veda establecida en la ley aprobada hace tres años.
El Partido Acción Nacional interpuso una queja y reclamó medidas cautelares por el pronunciamiento, además de que solicitó una tutela preventiva para que los servidores públicos se abstengan de incurrir en conductas similares en el futuro.
La comisión del órgano electoral determinó la procedencia de la denuncia al configurarse una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para difundir, de forma expresa y preponderante, logros y acciones del Gobierno federal y de quien lo encabeza, considerada como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de Revocación de Mandato en curso.
El artículo 33 de dicha ley dicta, a partir de su cuarto párrafo que:
“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato. El Instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda e iniciará el proceso de sanción que corresponda. Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.
Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato”.
Pese a conocer el articulado de la ley que ellos mismos aprobaron, integrantes de Regeneración Nacional acusaron censura por parte del INE. El líder de Morena, Mario Delgado, publicó un tuit en el que aseguró que “En las decisiones del @INEMexico hay un claro sesgo para perjudicar a @PartidoMorenaMX. Aunque intenten censurar a quienes integramos este gran movimiento, no lo van a lograr”, mismo que acompañó de una imagen con el secretario de Gobernación y los gobernadores morenistas.
En conferencia ayer mismo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que “lo que llama la atención más bien es que un consejero del INE se dedique a estar contestando en el Twitter a los gobernadores. Y desde mi perspectiva muestra una vez más que estos consejeros, más que árbitros, se han convertido en parte”.
A través de las redes ha quedado registro de la confrontación que mantienen Claudia Sheinbaum y el consejero electoral Ciro Murayama por la Revocación de Mandato.
El INE ordenó a todos los titulares del Poder Ejecutivo locales denunciados que, de inmediato y en un plazo que no excediera de tres horas, realizaran las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar la publicación denunciada de sus redes sociales, así como de cualquiera otra plataforma electrónica o impresa.
A ese ordenamiento también reaccionó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en su cuenta de Twitter diciendo que obedecía el mandato, pero “esta acción inhibe la libertad de expresión y violenta la democracia; hoy atendemos a este llamado para cumplir con el ejemplo, pero nuestros ideales se mantienen firmes”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, emitió una carta, que además publicó en sus redes sociales, en la que reclamó “En mi calidad de presidente de la Cámara de Diputados, he solicitado a Lorenzo Córdova que el INE deje de hostigar a diputados que desempeñan su función con un alto compromiso democrático”.
El documento alude acciones de hostigamiento por parte del órgano electoral, a la cual exigió respetar lo que denominó “inmunidad parlamentaria”.
Gutiérrez Luna solicitó al instituto “que respete las competencias constitucionales, que comprenda el contexto, que evite injerencias en procesos de otros poderes y en conclusión, que cese el hostigamiento a diputadas y diputados federales”, en referencia a las mesas de debate sobre las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador.