La tarde de este lunes fue asesinado Roberto Toledo, colaborador del portal Monitor Michoacán, en el municipio de Zitácuaro. El director del sitio reconoció a Toledo como integrante del medio; pero autoridades locales y federales rechazaron que éste formara parte del gremio periodístico.
“Uno de nuestros compañeros perdió la vida a mano de tres personas que llegaron y le dispararon de manera ruin y cobarde; nosotros no estamos armados, nuestra única defensa es una pluma, un lapicero y una libreta. Hay nombres y sabemos de dónde viene todo esto”, fueron las palabras de Armando Linares, director del portal Monitor Michoacán.
En contraste, el coordinador de Comunicación de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, apuntó a través de sus redes sociales que “de acuerdo con investigaciones judiciales, el C. Roberto Toledo asesinado el día de hoy, se desempeñaba como auxiliar de un despacho de abogados, no como periodista. Condenamos este crimen. Ningún ser humano debe ser privado de su vida. Nuestras condolencias a familares y amigos”.
También el alcalde de la localidad, Antonio Ixtláhuac Orihuela, apuntó que “Roberto Toledo no era identificado en el gremio de periodistas”.
La Fiscalía de Michoacán abrió una investigación para esclarecer el crimen; pero las amenazas ya existían desde tiempo atrás, mismas que fueron denunciadas por los integrantes del medio.
Ese resulta ser el común denominador en las muertes de quienes ejercen este oficio en México, el país más mortal del mundo para la prensa, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
La muerte de Toledo se dio seis meses después de que el medio denunciara amenazas de muerte en contra de sus trabajadores. Monitor Michoacán, un portal local de noticias concentradas en denuncias de corrupción, publicó desde sus inicios los malos manejos de funcionarios de Zitácuaro, un municipio controlado por varios grupos criminales.
Toledo, de 55 años, fue atacado por un grupo de hombres armados que se acercaron cuando salía de unas oficinas y le dispararon sin mediar palabra, para después huir.
El periodista quedó sobre la acera, gravemente herido, para después ser trasladado a un hospital cercano, donde falleció al ser ingresado.
“Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y políticos corruptos llevó hoy a la muerte de uno de nuestros compañeros”, dijo el jefe de Toledo, pero es la premisa similar de los casos más recientes.
La reportera Lourdes Maldonado, asesinada en Tijuana, había reclamado protección desde 2019 porque temía por su vida; toda vez que mantenía un pleito laboral con Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California. La acogieron en el sistema estatal de protección a periodistas; pero, tres años después, fue ejecutada afuera de su casa, días después de haber ganado un laudo judicial que le daba la razón en el proceso legal que duró seis años.
El 10 de enero, José Luis Gamboa fue apuñalado en el puerto de Veracruz, y también había denunciado amenazas que pesaban sobre él; el 17 de enero, el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel fue tiroteado también en Tijuana, una de las ciudades más peligrosas para ejercer el periodismo.
Cuando Margarito fue acribillado, Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, declaró que “en el 2020 este país consolidó su horrenda condición como el más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo y nada cambiará salvo que las autoridades den prioridad a garantizar que los periodistas mexicanos no sean asesinados con impunidad”.
Con ese propósito hoy mismo, horas antes de la ejecución de Toledo, Bryan LeBarón denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al presidente Andrés Manuel López Obrador por agresiones en contra de los medios de comunicación y periodistas en su conferencia matutina.
Solicitó también que el juez dicte medidas cautelares contra el mandatario y Ana Elizabeth García Vilchis, la funcionaria de Presidencia que está encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras”.
El demandante, integrante de una familia que ha sufrido la tragedia de la ejecución de sus familiares a manos del crimen organizado en Bavispe, Sonora, pidió a los funcionarios abstenerse de hacer apología del delito, de atacar a los periodistas y estigmatizarlos; lo que normalmente, aseguró, puede devenir en actos de violencia contra los reporteros.
“Esperemos que la Fiscalía pueda dictar las condiciones para que el presidente se abstenga de amenazar, criticar, estigmatizar a los medios. Eso no puede seguir sucediendo, el mensaje que viene desde arriba tiene que ser de respeto”, reclamó Bryan LeBarón.
De regreso a las cifras, la realidad es que siguen muriendo periodistas y la situación no cambia. El CPJ reporta que, según su propio recuento, entre 1992 y 2021, en México habrían asesinado a 138 periodistas; sumados los cuatro de este año la cifra aumentaría a 142.
Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, tiene datos más elevados, con 145 asesinatos desde el año 2000. En lo que va del sexenio de López Obrador, ya serían 32 homicidios de periodistas según el conteo oficial.