La empresa Altos Hornos de México (AHMSA) acusó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de actuar de “mala fe” en el corte de suministro de energía que sufrió el pasado miércoles en sus plantas de acero en Coahuila y aseguró que pudieron causar un daño al equipo “gravísimo” e “irrecuperable”.
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La empresa aseguró que esta acción es parte de un “recrudecimiento" de las acciones agresivas de la dirección de la Comisión Federal de Electricidad”, a partir de una demanda interpuesta por daños y perjuicios por 700 millones de dólares, por la cancelación unilateral e ilegal de contratos de suministro de carbón.
AHMSA detalló que había solicitado a CFE diferir el pago de uno de sus complejos, debido a que destinó los recursos financieros de dos semanas para cumplir con el pago de 54 millones de pesos, producto del acuerdo reparatorio “al que se obligó a la empresa” y al cual se comprometió su propietario, Alonso Ancira, para lograr su liberación tras ser acusado por la venta de la planta Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Por ello, se cubrió totalmente el pago del recibo correspondiente a la Siderúrgica 1 y otras instalaciones, a la vez que se propuso a la CFE fórmulas de pago diferido sobre el resto. Con mala fe, la Comisión no respondió y procedió a un corte completo del suministro en todas las instalaciones”, se lee en el boletín.
La empresa aseguró que el corte de suministro pudo causar fuertes daños a los equipos, situación que logró paliar debido a que cuenta con sistemas de generación eléctrica internos.
“De no contar AHMSA con sistemas de generación interna, que permitieron suplir parcialmente la suspensión del abasto de energía por la CFE, el daño a los equipos habría sido gravísimo y en muchos casos irrecuperable”, advirtió.
Sin mencionarlo por su nombre, acusó al director de la CFE de no importarle dañar a Coahuila y a los coahuilenses, con estas acciones y embistió de nuevo al señalarlo de ser el responsable de cancelar los contratos de suministro de carbón que afectaron a la unidad MICARE y con ello se perdieron cuatro mil empleos directos y más de ocho mil indirectos y por lo cual la empresa demandó al gobierno mexicano.
“Esta injustificable decisión (...) generó un subsecuente desorden en la industria regional del carbón, por la asignación de pedidos a empresas que no cumplen con la normatividad, principalmente en materia de seguridad, con la pérdida de vida de trabajadores de pozos carboneros en los dos últimos años” acusó.